Un Estado puesto al servicio de un proyecto político en dificultades es un Estado que se agiganta con la debilidad de un corcho.

Un Estado que crece en forma numérica por su base, sin calificación ni selectividad, es un Estado que prioriza la dependencia por sobre la eficiencia. La conveniencia política por sobre la finalidad colectiva que le da razón y sustento a una organización de su tipo.

El mayor inconveniente de analizar la realidad rionegrina es la inveterada costumbre de quienes han gobernado la provincia en las últimas décadas de rechazar las ideas que las ciencias de la política, la economía y la sociedad han desarrollado para afrontar los problemas de la modernidad.

Una y otra vez han utilizado las mismas recetas, sin aprender de la experiencia que ellas sólo han logrado incrementar las dificultades de los rionegrinos y de sus sucesivos gobiernos.

Tropiezan, una y otra vez, con la misma piedra?

Y lo hacen justificados en su propia supervivencia electoral.

Esta semana, en el marco de una muy tibia campaña electoral para elegir diputados nacionales, el oficialismo llevó a la Legislatura a aprobar por unanimidad el pase a planta permanente del Estado de 3.800 agentes públicos. Esto incrementó el número de empleados estables al 10% del electorado. Y repitió los vicios y distorsiones en que incurrieron gestiones anteriores.

El más grave de ellos es que la medida viola el artículo 51 de la Constitución provincial, que prevé que el único modo de ingreso y ascenso a la función pública es el concurso de oposición y antecedentes.

El pase a planta indiscriminado de personas que no han rendido concurso cuando se los contrató equivale a convalidar legislativamente tal irregularidad de base.

Es probable que entre los miles de trabajadores de Salud, porteros de Educación y contratados de Familia -entre otras áreas- haya personas muy capacitadas y responsables, capaces de desempeñar su tarea con eficiencia.

Pero ése no es el punto: han ingresado como contratados o becados porque conocían a algún funcionario o por enterarse de que era necesario un personal temporario. Y, al hacerlo, han dejado en desigualdad de oportunidades a cualquier otra persona igual o más capacitada que ellos para competir en un concurso sopesando experiencia, formación y aptitudes.

Es decir que se altera también la igualdad como principio rector de la administración pública.

El tema no pasaría de una alteración de formas si no estuviera precisamente vinculado con el deterioro de la calidad de los servicios públicos que presta el Estado provincial.

En Salud Pública, los reclamos son constantes. Entre otros, incluyen: la desmedida tendencia a derivar a prestadores privados hasta estudios o intervenciones elementales, la ausencia de normas de atención a pacientes que dificulta no sólo su recuperación sino la posterior determinación de responsabilidades, la falta de médicos en algunas localidades y el exceso en otras y la falta de cobertura de cargos críticos, responsabilidad ineludible del Estado.

En Familia, los más graves cargos son por el cumplimiento deficiente del rol de tutela del Estado sobre ancianos, personas privadas de libertad y menores en riesgo -por abandono o por desarreglos de conducta- y la falta de coordinación con otras áreas de gobierno con competencia en tales temas. La precarización laboral -que no se resolverá allí con este pase a planta- contribuye a afectar la continuidad y eficacia de las políticas del Estado.

En Educación, la incesante designación de porteros -después de que fracasara su desvinculación y tercerización del servicio- no ha conseguido crear equipos con capacitación técnica suficiente.

Es que nadie parece estar centrando sus esfuerzos en mejorar la calidad y la eficiencia.

La atención, incluso del gobernador y sus ministros, está más orientada a potenciar las posibilidades electorales de los candidatos oficialistas para el próximo 28.

Y han elegido para ello una modalidad bastante particular:

Por un lado, buscan darle al comicio un carácter provincial, inaugurando obras que ya fueron habilitadas parcialmente o prometiendo préstamos cuyo financiamiento es de muy difícil concreción.

Por otro, simulan haber olvidado que se eligen diputados nacionales, ya que su candidato -Hugo Castañón- prácticamente no aparece en los medios de comunicación ni en actos provinciales. Es como si "el gobierno" -como gabinete y gestión- asumiera el papel de prometer a sus votantes tradicionales que obtendrán beneficios si van a las urnas confiando en lo que ellos -sin internas ni debate- han propuesto para conformar la boleta.

Es en ese marco en que se inscriben los favores a la UPCN, tanto el pase a planta permanente como el salvataje de un predio que estaba a punto de ser expropiado por el municipio de General Roca.

Hasta el momento, la oposición no ha conseguido desarmar la estrategia radical. Tanto es así que las propuestas gubernamentales han sido votadas por unanimidad pese a las críticas, incluso la que contradijo la voluntad del intendente peronista de Roca, Carlos Soria.

Si bien nadie duda de que lo único que se debate el 28 de junio para cargos nacionales es el aval o no al kirchnerismo, hoy esa opción en Río Negro significa quedar atrapado en el mar de ambigüedades en el que navega la política provincial.

El radicalismo rionegrino, se sabe, sigue dependiendo de que el gobierno nacional lo financie. El peronismo provincial, tampoco es nuevo, sigue viéndose perjudicado por la política de alianzas diseñada desde la Casa Rosada.

Por eso, sólo Magdalena Odarda -del ARI- y Omar Lehner -de la convergencia de sectores entre el socialismo y otros partidos- pueden dirigirse claramente opositores en el plano nacional. Aunque tal situación no libera a Odarda de los dilemas que genera su habitual coincidencia política con el gobierno de Miguel Saiz.

Otros partidos han preferido mantenerse al margen en esta elección y esperar a que se discuta la renovación de cargos provinciales en el 2011.

Así, sin ideas y con muy poco debate, la campaña electoral pasará al olvido con la misma rapidez con que los rionegrinos habrán borrado de su memoria la intrascendente tarea en Diputados de Hugo "Cacho" Cuevas, que finalizará en diciembre.

Ahora como antes, las decisiones de campaña no son las mejores decisiones para el Estado provincial.

Por eso, también, la reforma política sigue siendo una asignatura pendiente para la dirigencia y la ciudadanía en la provincia.

Otra vez, como sucedió antes, el radicalismo intentó encadenarla al clima preelectoral. Aunque, esta vez, ni siquiera contó con la conformidad interna para hacerlo.

En este caso, y salvo los escasos cargos municipales que están en juego, la cuestión no influye mucho, puesto que se trata de una elección según las normas nacionales.

Lo deseable sería que, una vez transcurrido el comicio del 28 de este mes, la provincia pueda darse un tiempo de libertad para imaginar el mejor modo de evitar que la próxima elección de legisladores provinciales excluya de representación parlamentaria a todo aquel partido que no logre un piso del 22%.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar