La problemática del acceso de las personas al sistema judicial es una de las más serias de la actualidad y representa el origen de muchos de los cuestionamientos permanentes al servicio.

"Hay que luchar para que no haya barreras físicas, culturales, para que toda persona tenga posibilidad real de acceder", afirmó la defensora general de la Nación al respecto. La pregunta es cómo se logra eso y dónde se busca la solución.

"No sólo tiene que ver con que las cárceles están pobladas de morochos que no terminaron la primaria sino también con las víctimas de delitos, con la gente humilde que quiere hacer cumplir un derecho y no tiene cómo, porque no cuenta con dinero para llegar al tribunal, porque no sabe dónde está, porque queda lejos o cuando llega se encuentra con un ambiente hostil donde los jueces no entienden que el sistema de administración de justicia somos un servicio público y tenemos que comportarnos como tal y tener en cuenta a la gente. Ser útiles, continentes", aclara.

La distancia entre Justicia y "justiciables" es clara y la sufren a diario miles de personas. Pero para Martínez se está desandando un camino transitado largamente en dirección incorrecta: "Durante mucho tiempo se habló de la majestad de la Justicia y se confundieron los conceptos: los jueces no eran un servicio sino un poder público. Y yo creo que la Justicia se convierte en poder público en la medida en que transita adecuadamente su función de servicio. Los jueces son muy importantes, pero el poder se construye a través de un eficaz servicio público. Por suerte, la mentalidad está cambiando lenta pero sostenidamente y se está comprendiendo que tenemos que construir una Justicia para los sectores más vulnerables".