Cada vez con más frecuencia la comunidad de Bariloche queda atrapada en debates que ponen sobre la mesa las debilidades e insuficiencias del Estado municipal. Tanto los vecinos del común como las organizaciones sociales y las autoridades políticas parecen encontrar allí una cuesta imposible de remontar.

Ocurrió hace tiempo con la regulación de los casinos, que finalmente fue aprobada, aunque con un contenido menos pretencioso que el original. Es notoria también la ausencia crónica del Estado en el abordaje del déficit habitacional, que es la preocupación excluyente para miles de barilochenses.

En el último tiempo, la misma deserción quedó al descubierto en el tratamiento del proyecto inmobiliario Dos Valles, en la creación del Jardín Botánico y en las dudas y remilgos para incorporar al Catedral entre los barrios que pagan tasas como cualquier otro.

El conflicto más reciente giró en torno al pedido de una cadena multinacional de supermercados para instalar una boca de venta en el Alto de la ciudad.

El proyecto no obtuvo mayoría calificada en el Concejo y resultó rechazado, aunque llegaba con dictámenes favorables desde el punto de vista urbanístico. Pesaron en la decisión las opiniones de los comerciantes locales y de sus empleados, quienes alertaron sobre la eventual distorsión que el nuevo emprendimiento provocaría en el actual esquema de comercialización y la consiguiente pérdida masiva de puestos de trabajo.

A favor se expresaron los vecinos que se quejan -con indiscutible razón- de los altos precios que deben pagar a diario en los súper existentes, cuyos locales se concentran además en los barrios residenciales y obligan a los vecinos del Alto a desplazararse kilómetros para hacer sus compras.

Molesto con el traspié de la cadena extranjera, el intendente Marcelo Cascón entiende que los concejales se extralimitaron en su rol y estudia cambios normativos para asegurar que el dictamen de los técnicos y urbanistas sea en adelante "palabra santa".

Mientras tanto, la salida de coyuntura será -según todo indica- un llamado a referéndum, que asoma por ahora de difícil implementación.

Más allá de los intereses en juego, el dilema conceptual planteado remite a la incapacidad estructural del Estado para fijar reglas y hacerlas cumplir.

Salvo los fundamentalistas del "dejar hacer", nadie está en desacuerdo con un Estado que esté en condiciones de fijar un plan de crecimiento, fijar prioridades, orientar inversiones y corregir abusos de toda clase.

Existen algunos indicios valiosos como la ordenanza aprobada hace un par de años que recordó que las bebidas energizantes son un suplemento dietario y prohibió su venta en kioscos y discotecas.

Una empresa del sector se consideró gravemente afectada y recurrió a la Justicia Civil, que hace pocos días ratificó en primera instancia la potestad municipal de regular en la materia, como en cualquier otra actividad comercial.

También la última reforma de la Carta Orgánica dejó herencias positivas como la suspensión de loteos y subdivisiones parcelarias en el Oeste de la ciudad "hasta que se apruebe el Plan Estratégico e Integral de Desarrollo" de Bariloche.

Esa sensata cláusula obliga a postergar por ahora el millonario emprendimiento que prevé una empresa de bienes raíces en las laderas del cerro López, con cancha de golf incluida.

Hubo quien se quejó de la "inconsciencia" de los convencionales que con su disposición transitoria "inhibieron importantes inversiones". Pocos se molestaron en cambio por la insólita carencia de planificación en una ciudad que desde hace años se mueve por espasmos y corazonadas.

Las particularidades del Estado inerme sobresalen especialmente en la imposibilidad para adoptar un régimen tributario que distinga al poderoso del débil. Un cambio tibio en ese sentido fue la reforma de la tasa de Servicios, pero quedó muy lejos del ideal.

En esa materia queda un ancho terreno por explorar. Por ejemplo, no estaría mal que el municipio establezca para las grandes superficies comerciales (las existentes y las por venir) un premio fiscal a las buenas prácticas laborales y a las políticas de precios con algún sentido social.

Al margen de la suerte que le espere al mega mercado por ahora frustrado, lo preocupante es que -a juzgar por sus demandas- el grueso de la población asume sin cuestionamiento alguno la cultura del indivualismo creado y alimentado por el vacío de políticas públicas. Predomina entonces el acostumbramiento general a unas relaciones sociales y económicas que reproducen la ley de la selva, donde la supervivencia del más apto es ley inmutable.

La necesidad de romper con esa inercia debe ser el principal factor de presión de las organizaciones sociales y también tendría que pasar por allí la tarea de las autoridades de turno, si de verdad les interesa sustraerse de la agitación superficial y procurar soluciones de fondo.

DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro.com.ar