Por estos días, el Centro Cívico de San Martín tiene impronta de humo contra heladas, que más bien recuerda a los sobresaltos climáticos de los chacareros valletanos, antes que al paisaje de una ciudad turística de montaña. El reclamo de los municipales por una mejora salarial de 500 pesos, derivó en la ocupación de la intendencia, sitiada con camiones recolectores y cubiertas encendidas, sazonadas con ramas verdes para hacer mucho humo.

En un comunicado, la intendencia vinculó al paro con las elecciones.

"Llama la atención", dice el parte, que las protestas se den en simultáneo con otros municipios. Para abonar sospechas, recordó que en dos años se ha otorgado una mejora del 37% a los municipales sanmartinenses, que estima compensa la inflación.

Un funcionario se lo dijo al cronista en otros términos: "este no es un conflicto de los municipales, es del UNE". Desde la otra costa, la dirigente de ATE, Soraya Abraham, sentenció que "aquí hay una necesidad real de los trabajadores, que no llegan a fin de mes".

Luego, la disputa tiene un costado de chicanas y secretos, de esos que se dicen a viva voz para que los repitan los tontos. Un funcionario entregó al periodista un listado de salarios, con el nombre y apellido de algunos de los municipales que están con el bombo (la lista se puede consultar en la web del municipio). Allí se lee que un chofer de camiones recolectores gana 4.319 pesos (con horas extra y antigüedad), aunque el grueso pivotea entre 2.500 y 3.500 pesos.

Los municipales dicen que hay funcionarios que usan las camionetas oficiales para pasear, y ponen cartelones en la puerta de la intendencia.

Refieren que la jefa de la administración de la ciudad gana 8.129 pesos (más viáticos, dicen), y los secretarios cobran entre 5.954 y 6.759 pesos.

Sin entrar a juzgar las razones de unos y otros en este puntual entredicho, comparar salarios sin vincularlos con tareas, desempeños y responsabilidades, es un ejercicio que dice poco y nada. Es notable como en el estado se discuten salarios sin discutir calidad de trabajo.

No se repiensa el empleo público, ni antes, con la ilusoria estabilidad del 1 a 1, y menos ahora, que la inflación azota incluso bajo los síntomas de la recesión. No se discuten funciones, no se definen objetivos, no se fijan criterios de calidad de servicio y no se evalúan resultados.

Claro que si gremialistas y funcionarios leen estas líneas, pondrán el grito en el cielo por igual, con algo de razón. Dirán que en San Martín de los Andes se creó un estatuto del municipal, y se diseñó un esquema de capacitación como factor decisivo para los concursos de ascenso y de ingreso al municipio. Cierto, pero el problema es que no lo cumplen, ni trabajadores ni gobierno.

Se distorsiona la pirámide salarial; se piden y asignan sumas fijas en vez de asumir criterios de progresividad, que favorezcan a los segmentos más postergados; se desalienta al buen empleado pagándole lo mismo que a los holgazanes; se desdeña toda idea de productividad y se demoniza a quién se le ocurra plantear que, de vez en cuando, convendría evaluar la eficiencia con la que se usan los recursos públicos.

Lo curioso es que todos, gremialistas estatales y políticos que gobiernan o aspiran a hacerlo, llaman a votar por el cambio cada cuatro años.

FERNANDO BRAVO
rionegro@smandes.com.ar