ALUMINÉ (AZ).- Autoridades, vecinos y organizaciones locales rechazaron enérgicamente la decisión de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) de cerrar definitivamente el vertedero ubicado en cercanías del río Ruca Choroi. El intendente Andrés Méndez anunció que presentará un recurso de amparo ante la justicia para frenar la intención del directorio y responsabilizó al presidente de la CIP, Alberto Moreno, por las consecuencias que pueda generar la medida.
El conflicto se desató a partir de la resolución de la CIP el 1 de junio donde se fija al 9 de junio como fecha límite para la clausura del basurero de la localidad que se encuentra dentro de su territorio.
"La decisión de la CIP es compulsiva, unilateral y provocativa por cuanto llega en un momento en el cual estamos trabajando a pleno con el Conicet en la definición de un nuevo emplazamiento para el basurero", sostuvo Méndez, en diálogo con "Río Negro".
La resolución de la Corporación cayó como un balde a agua helada en la comunidad ya que a fines del año pasado, en el marco de una polémica similar, se había rubricado un acuerdo entre la comuna, la CIP y el Conicet a fin de elaborar un programa de relocalización del vertedero. El proyecto, que contaba con un plazo inicial de seis meses con una prórroga automática por otro semestre, presenta avances en cuanto a la definición del nuevo vertedero.
Sin embargo, en la reunión del 1 de junio la CIP votó por unanimidad la clausura definitiva del basurero y despertó la indignación de los vecinos. En esa asamblea se desnudaron las diferencias internas dentro de la Corporación ya que solo estuvieron presentes los cuatro representantes del gobierno nacional encabezados por su presidente Alberto Moreno y el miembro de los pueblos originarios. Los tres vocales por la provincia, Andrés Méndez, Mauro del Castillo y Daniel Sapag, no fueron.
"Sólo me invitaron telefónicamente a mí pero decidí no asistir porque considero que deben participar todos los representantes de Neuquén", dijo el intendente quien mantiene una postura de solidaridad con Del Castillo y Sapag, resistidos por las comunidades indígenas.
