Al calor de una campaña que persigue balancear la relación de fuerzas en el Congreso y en la que no se escatiman "escraches" con huevos y piedras se coló en la pelea electoral la alocada posibilidad -por falta de condiciones objetivas- de que el actual modelo K derive, según insinuaciones expresas o veladas de la oposición, en un proceso de "chavización".

Es que en un momento inconveniente -con el antecedente del valijero Antonini Wilson en la instancia previa a la asunción de Cristina, en el 2007- el presidente venezolano Hugo Chávez siguió nacionalizando empresas del grupo italoargentino Techint. A un mes de la renovación parlamentaria que tiene a la defensiva al matrimonio Kirchner, los industriales de la UIA pusieron el grito en el cielo. Además, agitaron banderas de pavura desde "Lilita" Carrió, de la Coalición Cívica, hasta el empresario Francisco De Narváez, que pretende -con la reprobación de Eduardo Duhalde- copar la banca del peronismo anti-K, socorrido por el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.

Por más que haya dado por superado el entredicho, la presidenta Cristina Fernández no ocultó su disgusto con el "amigo" y benefactor venezolano. Incluso le recriminó las promesas hechas a Lula (en serio o en broma) en el sentido de que las firmas brasileñas no serían afectadas por el emblema "nacionalícese", al mejor estilo de un socialismo bolivariano picante.

Un sector del Ministerio de Relaciones Exteriores -entre el lunes y martes el canciller Jorge Taiana tratará de acordar con su colega Nicolás Maduro, en el marco de la asamblea anual de la OEA que se realizará en Honduras- aconseja a Cristina que este incidente se convierta en un punto de inflexión.

"Actuar con ese grado de discriminación y discrecionalidad -dicen voceros de ese sector- excede la esfera de soberanía propia de cada Estado independiente y es inaceptable entre naciones democráticas, además de ser contradictorio con los entendimientos estratégicos entre la Argentina y Venezuela".

Como pasó con la siderúrgica Sidor, Taiana exigirá un "precio justo" por las tres nuevas firmas expropiadas a Paolo Rocca. En las gestiones participa activamente, entre bambalinas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, uno de cuyos subordinados (Claudio Uberti) fue echado en su momento por Néstor Kirchner por haber invitado a subir al avión contratado por Enarsa al valijero Wilson.

La situación, por motivos comerciales y electorales, quedará congelada hasta el 28 de junio. Luego de esa fecha volverán a la carga las estructuras gubernamentales que consideran pernicioso pegarse tanto a Chávez, si es que se quiere restablecer el camino del diálogo y el consenso y buscar una transición bajo la premisa de recuperar a la clase media refractaria al estilo K.

En público Cristina no tuvo reproches para Chávez. Sí hizo saber su molestia con Techint, porque los primeros 400 millones que recibió como indemnización por Sidor los depositó fuera de la Argentina

"En la Argentina no hay lugar para estatizaciones", aseguró el jefe de Gabinete Sergio Massa. En el mismo sentido se pronunciaron luego el ministro del Interior Florencio Randazzo y hasta el belicoso piquetero Luis D´Elía.

El embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, quien esta semana se despidió de su cargo para irse a Afganistán, eludió la espinosa cuestión. A diferencia del episodio de Wilson, en el que no evitó polemizar, esta vez sólo destacó tras verse con Cristina la existencia de una relación bilateral "excelente" con "cimientos sólidos para crecer más" durante la esperanzadora presidencia de Barack Obama.

El director argentino del grupo Techint, el economista Aldo Ferrer, le quitó dramatismo a la decisión irreversible de Chávez y señaló que lo único que se puede hacer es lograr una compensación adecuada por las inversiones realizadas.

No se privó Ferrer de defender el mismo esquema que Kirchner levanta en cada acto del Gran Buenos Aires: "Con el colapso del 2001 -dijo- quedó claro el error que ahora ve el mundo entero por tener al sistema financiero como casino global. Ahí reapareció Keynes. Los fundamentalistas de mercado quedaron desautorizados, están resentidos y no reconocen la realidad".

Un especialista en el proceso venezolano, Enrique Martínez, titular del INTI y portavoz del pensamiento de Kirchner, opinó que la reacción de la UIA "es un mensaje dirigido a la política económica interna" a partir de "una asociación falaz entre lo que sucede en la Argentina y lo que ocurre en Venezuela... con vocación de que el gobierno argentino detenga el crecimiento del rol del Estado en la Economía".

¿Cuánto incidirá la nacionalización de Techint en Venezuela en el resultado del 28 de junio? Probablemente muy poco. Enfrascados en la discusión jurídica de las "candidaturas testimoniales" (que la conductora Mirtha Legrand consideró como "una estafa" en las mismas narices del gobernador Daniel Scioli), los políticos parecen vivir en el limbo frente a los problemas cotidianos, que se agudizan por la muchas veces justificada crispación social.