ROCA (AR).- Profesionales y empleados de Promoción Familiar afirmaron que el jefe de la Delegación General Roca y la coordinadora técnica han exigido la modificación de informes técnicos por criterios técnicos, ideológicos o políticos que contrarían los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y Adolescentes. Añadieron que esa imposición -que contraría no sólo el criterio del profesional que directamente atendió el caso sino también del coordinador del programa puntual que lo supervisó- se ha hecho bajo la presión de apercibir o sancionar al agente en cuestión.

Volvieron a plantear que tales dificultades se relacionan con que Promoción Familiar es el área de mayor precarización laboral en el Estado, ya que "el 70% de los trabajadores están bajo el sistema de becas o del decreto 115/05, expresiones ambas del trabajo en negro, y que perciben salarios que van desde los $600 a los $1.200 sin aportes jubilatorios ni obra social, en el caso de los becados".

La mayoría de los trabajadores son profesionales y técnicos que trabajan en los programas de jóvenes en conflicto con la ley -Libertad Asistida y PUET referido a centros de contención- y de fortalecimiento familiar -Familias de Origen, Familias Solidarias, Hogares y Centros diurnos de Ancianos y los CAINA Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Casa 16-.

Entre otras presiones que dieron lugar al pedido de renuncia del delegado Néstor Epulef y de la coordinadora Patricia Sánchez, citaron que han disgregado los equipos de trabajo sin fundamentos técnicos, lo que los lleva a suponer discrepancias de tipo político, han realizado pases arbitrarios, descuentos, intimidación verbal y exclusión arbitraria y discriminatoria de trabajadores de las guardias.

En tanto, como señal de incapacidad técnica, afirmaron que las autoridades de la delegación no promueven la articulación con otras instituciones como salud, justicia y educación.