Es de esperar que los historiadores futuros puedan recordar la campaña previa a las elecciones legislativas del 2009 como la peor de la democracia recuperada, aquella en que nuestra cultura cívica tocó fondo antes de comenzar a recuperarse, puesto que de profundizarse mucho más el deterioro institucional no habrá forma de atenuar los problemas nacionales más angustiantes. Luego de sufrir el país una epidemia de candidatos testimoniales cuya multiplicación ha servido para hacer aún más confuso el panorama frente a los votantes, en los últimos días ha tenido que soportar una guerra de impugnaciones impulsada por el juez electoral Manuel Blanco que, después de dar vía libre a los kirchneristas, decidió objetar a cinco candidatos, es de suponer auténticos, de la lista encabezada por el peronista disidente Francisco de Narváez. Por supuesto que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, desmintió que el gobierno haya estado detrás de las impugnaciones, señalando que los cinco nacieron en la Capital Federal y no tienen la residencia bonaerense en regla, pero a esta altura pocos lo creerán. Al fin y al cabo, hasta hace muy poco Néstor Kirchner residía formalmente en Santa Cruz, mientras que algunos años atrás el actual gobernador y candidato testimonial Daniel Scioli también tuvo dificultades para probar que era un residente legal de la provincia que terminaría administrando.

Como los Kirchner varios días antes, De Narváez se afirma víctima de una campaña de persecución política, lo que en su caso suena razonable puesto que sus adversarios ya habían intentado involucrarlo en una causa por efedrina en base a algunas llamadas telefónicas que supuestamente hizo desde el celular de una de sus empresas en el 2006. Por su parte, los kirchneristas acusan a los radicales y otros de querer "proscribirlos", echando mano así al mismo argumento tendencioso que emplearon el entonces presidente Carlos Menem y su hermano, el senador, cuando aquél soñaba con una segunda reelección. Sea como fuere, las intervenciones judiciales, las dudas en cuanto a la legitimidad de muchas candidaturas, la proliferación en las listas de parientes de políticos y sindicalistas y, desde luego, las acusaciones cruzadas, los agravios constantes, más los males tradicionales como el clientelismo impúdico que se da en el Gran Buenos Aires, están contribuyendo a convertir en una farsa lo que en buena lógica debería haber sido una campaña un tanto aburrida protagonizada por quienes aspiran a conquistar un lugar en una cámara legislativa.

El principal responsable de lo que está ocurriendo es, cuándo no, el ex presidente Kirchner, que optó por transformar las elecciones legislativas en un nuevo torneo presidencial en que el respeto por las reglas sería lo de menos. Tal decisión tendría algún sentido si a raíz de los resultados se pudiera asegurar que fueran tranquilos los dos años y medio que le quedarán a su esposa en la Casa Rosada, pero ya es evidente que no lo harán aun cuando el Frente para la Victoria oficialista lograra un triunfo imprevistamente amplio. Por haber sido tan agria la campaña electoral, las distintas agrupaciones opositoras estarán todavía menos dispuestas a colaborar con el gobierno kirchnerista que lo que ya están. Por lo demás, la situación política y económica de nuestro país es tan inestable que podría cambiar por completo en los meses que siguen a los comicios, lo que a buen seguro sucedería si, como muchos prevén, el gobierno se sintiera obligado a tomar algunas medidas económicas sumamente antipáticas. De ser así, el oficialismo tendría motivos de sobra para lamentar la agresividad que lo ha caracterizado últimamente. Lo entiendan o no los Kirchner, la mejor forma de lograr que el gobierno que encabezan concluya sin sobresaltos su período en el poder no consiste en aprovechar todas las oportunidades para castigar a los opositores. Antes bien, más les convendría -ya que se ha reducido tanto su propio capital político- dedicarse a fortalecer las instituciones del país, de este modo minimizando el riesgo de que, por enésima vez, sectores importantes caigan en la tentación de tratar de provocar una transición prematura por suponer que, en vista de la conducta de un gobierno a su juicio arbitrario, autoritario y muy pero muy ineficaz, se trataría del mal menor.