El 26 de agosto de 2003 el entonces gobernador del Neuquén Jorge Sobisch confesó, aun sin proponérselo, la presunta comisión de un delito, el de abuso de autoridad, al decir que quien otorgaba los créditos del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) era él. Y reforzó la confesión, con el énfasis de quien ejerce un poder sin límites, diciendo que "si alguien dice que obtuvo un préstamo porque es amigo mío, me importa un bledo". También le importó un bledo que los créditos fueran a las manos de amigos, porque dijo que "si son amigos, mejor".
El delito de abuso de autoridad es el del artículo 248 del Código Penal, que dice: "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Sobisch hizo esas declaraciones, con el desparpajo de quien se sabe todopoderoso, en una charla que dio ante empresarios de ACIPAN. El día siguiente este diario las publicó, señalando algo tan obvio como que la decisión sobre esos créditos era del directorio del Iadep, precisamente por tratarse de un organismo autárquico.
El artículo 1 de la ley 2247, que creó el Iadep, decía que éste sería una "entidad descentralizada y autárquica". El 9 inciso a) otorgaba al directorio la atribución de "administrar el Iadep y disponer de sus recursos con la afectación específica que le confiere la presente ley y la orientación de la ley anual respectiva del Marco General del Desarrollo Productivo". No era, por lo tanto -en la ley- el gobernador quien daba los créditos. Pero de hecho lo era, porque también la ley le importaba un bledo.
Hubo, sin embargo, un límite que Sobisch se autoimpuso. Los créditos -dijo- se darían "a quienes puedan pagarlos". Pero falló en eso también, porque la refinanciación de 400 millones de pesos otorgada hace algunos meses a los empresarios vitivinícolas de El Chañar y Añelo indica que los deudores no pudieron pagar o bien que podían pero prefirieron no hacerlo porque contaban con la refinanciación. Es que, al cabo de tantos años, si no eran amigos cuando recibieron los préstamos, se hicieron amigos después.
La declaración de Sobisch en ACIPAN contestó a las denuncias que, desde la oposición, se hacían a la política crediticia del Iadep. Pedro Telleriarte era entonces el titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, conocida también por el nombre de Fiscalía Anticorrupción. Una de tales denuncias motivó que Telleriarte iniciara una investigación que avanzó rápidamente y que, en el 2004, prometía resultados positivos. Pero a mediados de ese año el fiscal -que se había distinguido en la investigación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que, por un monto total de 30 millones de dólares, el gobierno de Carlos Menem había distribuido generosamente entre los municipios emepenistas de Plottier y Centenario- fue ascendido a juez de instrucción. La vacancia fue ocupada en poco tiempo por Pablo Vignaroli, quien envió al archivo la investigación de su antecesor. Después, el nuevo fiscal fue beneficiario de préstamos del BPN que no pagó a su vencimiento, con lo cual quedó convertido en un deudor moroso, una situación desdorosa para un funcionario judicial que pudo superar gracias a que se le concedió una refinanciación.
En este caso, como en otros, la complaciente Justicia provincial que "acompañó" la gestión de Sobisch en el Poder Ejecutivo de la provincia aplicó el principio del "dejar hacer, dejar pasar". Fue así como pasaron indemnes, en pacífica navegación hacia ávidos bolsillos, los millones destinados al Plan Integral de Seguridad, a Temux, a Damovo, a flamantes empresarios de la vid, al genio de la tevé Marcelo Tinelli, quien recibió 3.690.000 pesos y, en una conferencia de prensa y junto a Sobisch, se manifestó sorprendido de que un gobernador tan bueno recibiera tantas críticas.
En estos negocios ha salido mucho dinero del tesoro provincial. El gobernador Jorge Sapag, a poco de hacerse cargo del Ejecutivo, se quejó de que apenas contaba, en estado líquido, con diez millones de pesos. Pero no dio paso alguno para investigar adónde había ido la plata que faltaba porque, hay que decirlo de una vez, él fue parte -como ministro o vicegobernador- del gobierno responsable del reparto. Es verdad que eso no lo obliga a callar pero, a más de un año de haber asumido, parece ser ésa, la del silencio y el secreto, la política que ha decidido aplicar.
Es una falla que, según se ha anunciado, la diputada provincial Paula Sánchez, que ha investigado el caso, intentará reparar presentando una denuncia en la fiscalía anticorrupción. Con esa denuncia se encontrará el abogado cutralquense Ignacio Di Maggio si la Legislatura convalida el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, que lo eligió para reemplazar a Vignaroli.
JORGE GADANO
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