Ante la noticia periodística aparecida el 20 de este mes sobre el fallo de la Sala "B" de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de nuestra provincia de Río Negro, como estudioso del tema bioético mi sensación fue de tranquilidad y seguridad al mismo tiempo, sensaciones ambas que surgen de observar una idea que supera lo jurídico y que se ubica en lo humano.

He tenido la posibilidad de leer y analizar detalladamente, con la ventaja que me otorga la tranquilidad de mi lugar de trabajo y la no existencia de una situación temporal que me apure, el fallo que hizo lugar a una acción de amparo en la que se permitió la interrupción del embarazo en una niña de apenas 13 años.

No analizaré el aspecto jurídico, que a la luz de lo normativo realizaron los tres jueces de la Cámara, la señora fiscal y la señora asesora de Menores. Sólo me limitaré a resaltar por sobre todo una decisión basada íntegramente en el principio más importante de los que la disciplina bioética posee, la valoración del principio de la autonomía o autodeterminación, en este caso, expuesto a través de un consentimiento "subrogado" o "por sustitución" (por quienes lo brindaron), avalado por un fallo judicial, resguardando el mejor interés del paciente y su protección como persona "vulnerable".

En materia de salud se presentan continuamente conflictos que encierran profundas opciones éticas y evidencian la indudable vocación social que presenta este derecho a la salud, y en ese orden debe primar el respeto de las personas al que se incorporan al menos dos convicciones éticas: que los individuos debieran ser tratados como entes autónomos y que las personas cuya autonomía está disminuida deban ser objeto de protección. Aquí aparece el principio bioético de autonomía, el que se encuentra íntimamente cohesionado con el valor supremo de la dignidad humana. Y ante esto debemos tener muy en cuenta lo manifestado por uno de los jueces: hoy debería ser una obligación la existencia de los Comités Éticos asistenciales en cada clínica y sanatorio privado, así como también en cada hospital público. Nuestra provincia, a través de la ley 3.099, autoriza al Poder Ejecutivo la conformación de un Comité Provincial de Bioética; no es poco, pero aparece problemático para su conformación inmediata.

El creador de la bioética en nuestro país, el Dr. José María Mainetti (nombre de relevancia de la disciplina en el mundo, ya fallecido) en un agudo pensamiento alguna vez dijo que "Realidad personal, raciocinante y libre es el hombre, de modo que merece respeto a esa su dignidad o autonomía". Los seres humanos tienen, en virtud de su propia naturaleza, la capacidad de elegir racionalmente y actuar según sus propias decisiones, es decir, poseen valor en sí mismos. Este valor debe ser respetado, tomándose en cuenta las opiniones y decisiones de las personas autónomas y absteniéndose de interferir en ellas, y para que ello ocurra deberán cumplirse tres requisitos: una acción autónoma no debe ser forzada, la persona tiene que decidir por sí mismo qué hacer; esa noción de autonomía no se queda solo en la libertad de decidir, sino que implica también la posesión de acciones reales; finalmente es necesario que el sujeto reciba toda la información más relevante, porque sólo ejercería su autonomía en sentido completo cuando toma decisiones informadas.

Treinta y ocho años de bioética han ido conquistando para el paciente el derecho de ejercer su autonomía en materias que conciernen a su situación médica. Quizás algunos consideren que el valor vida es superior a los demás, pero si así fuera creo que muchas personas entendemos que ello debe serlo en una idea más amplia y superadora: que lo esencial también es el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos y libertades fundamentales, protegidos tanto desde el punto constitucional como bioético.

Soy un convencido del respeto de la autonomía del paciente y del señorío sobre su cuerpo y su vida.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en su Art. 5° avala íntegramente lo hasta aquí dicho: "Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas...". El principio de autonomía es el único que expresa la existencia de una voluntad dirigida hacia algún fin, lo que conlleva a una primacía ética indudable.

Este fallo ratifica plenamente todo el caudal de tinta hasta aquí escrito sobre el tema y, a su vez, me lleva a pensar que no es letra muerta.

Somos habitantes de una joven provincia de tan solo 54 años, que tiene una ley de muerte digna (4.264) que ha sido reconocida en cada jornada que sobre bioética ha habido desde su promulgación; que tiene funcionando en nuestros hospitales servicios de cuidados paliativos llenos de elogios y dignos de cualquier sociedad evolucionada. No pido que nos alegremos por la resolución judicial acaecida; imposible hacerlo ante un hecho tan conmocionante y doloroso desde cualquiera de los ángulos que se lo quiera observar y, que como bien lo expresa el dictamen de una de las profesionales, "... es para la niña de un alto impacto emocional... que provocará un quiebre en su historia?".

Sólo creo que el fallo merece una mirada respetuosa y considerada por una decisión valiente que seguramente encontrará una sociedad dividida -y por qué no aún más en su contra que a favor- en sus comentarios. Sobre el tema no existe consenso (los votos divididos de tres personas con un mismo grado de educación lo certifican). Las preguntas están (¿es la sociedad la que determina quién puede y quién no puede, quién debe y quién no debe morir?; ¿es de las personas, porque en tanto racionales son autónomas? o ¿es sólo de Dios?, como seguramente muchos dirán). Las respuestas, imposible que sean simplistas...

Pero al menos es alentador que el debate se comience a instalar...

(*) Abogado. Socio activo Asociación

Argentina de Bioética