NEUQUÉN (AN) - La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén (APDH), Noemí Labrune, dijo que la decisión de la Cámara de Casación de otorgar beneficios a los condenados en las causas por allanamientos ilegales, detenciones, secuestros, torturas y desapariciones de persona, en el marco del terrorismo de estado, "es una ofensiva nacional".

"Esta actitud se puso de manifiesto ya con otros represores, como los de Córdoba", dijo en alusión a general (r) Luciano Benjamín Menéndez, beneficiado con prisión domiciliaria la semana pasada. Pero adelantó que los organismos de derechos humanos no sólo no comparten estas resoluciones sino que esgrimirán argumentos para contrarrestarlas. "Estas resoluciones están siendo evaluadas por los abogados de la red de derechos humanos, porque entendemos que no son válidas", dijo y advirtió que de ahora en más cabe esperar "una cadena de pedidos de pase a prisión domiciliaria" y que "hoy por hoy no se pueden anular".

Para los profesionales de los organismos, dijo Labrune, la posibilidad de objetar estas resoluciones se presenta porque los pedidos de prisión domiciliaria fueron planteados junto con las apelaciones de las sentencias. "Cabe señalar que la sentencia del Tribunal fue que las condenas deberían cumplirse en cárceles comunes", destacó.

Recordó que el caso de los condenados en Neuquén están en el ámbito de la sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones y los de Córdoba en la Tercera. Labrune sostuvo que el conflicto para llevar a juicio y condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura "es una lucha jurídica y procesal".