GUATEMALA (DPA).- El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg el 10 de mayo, quien dejó un video en el que incriminó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, tiene ahora en entredicho al poderoso sector cafetero guatemalteco, junto al tercer banco de Guatemala y octavo de Centroamérica.

Fiscales del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) secuestraron este fin de semana documentos de la sede de la Asociación Nacional del Café (Anacafe), ubicada en un exclusivo sector de la capital guatemalteca, después que un tribunal autorizara el allanamiento como parte del proceso de investigación por el sonado caso.

Por otro lado, ambos organismos que trabajan en la investigación del caso deberán decidir en los próximos días si solicitan al tribunal ordenar una Auditoría Forense en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), como pidió la cúpula empresarial de Guatemala.

El presidente Colom advirtió que una auditoría de este tipo no le corresponde decidirla a él sino a un juez y consideró que representa una "complicación muy grande" y que "tendría que tener consentimiento pleno de las autoridades del banco".

A marzo del 2009, Banrural, una entidad de capital mixto, era el octavo banco más fuerte en Centroamérica (de un total de 86) y el tercero de Guatemala (de 19), con activos superiores a los 3.085 millones de dólares estadounidenses. Esta semana, el mandatario dijo que durante tres días de la semana anterior, el banco sufrió el retiro de 1.000 millones de quetzales (unos 125 millones de dólares) debido al "pánico financiero" que sobrevino a causa del escándalo.

El mandatario explicó que la consolidación del banco evitó que el daño fuera mayor.

Tanto Anacafé como Banrural resultaron involucrados en el escándalo después que en el video, el abogado asesinado afirmó que su cliente Khalil Mussa, un empresario de 74 años muerto a tiros el 14 de abril junto a su hija que lo acompañaba, había sido nombrado como representante del Ejecutivo para integrar las juntas directivas de ambos entes, algo que nunca pudo hacer.

Rosenberg también denunció que el secretario privado de la Presidencia de Guatemala, Gustavo Alejos, lo amenazó de muerte para que cesara de investigar el caso Mussa.

El 15 de abril, un día después del asesinato de Mussa y su hija, Anacafé lanzó una enérgica protesta contra el gobierno del presidente Colom en amplios desplegados publicados en los diarios.

En ese momento el hecho se atribuyó a la delincuencia común. No obstante, en el video que dejó el abogado, revelado un día después de su asesinato, el letrado denunció que Mussa, su cliente, había sido nombrado para asumir la representación del gobierno ante Anacafe y Banrural.

Rosenberg afirmó que tanto su muerte como la de sus representados fue producto de una conspiración y responsabilizó directamente a Alejos y al financista del presidente Colom, Gregorio Valdez.

Añadió que tanto Colom como la primera dama, Sandra Torres, consintieron los hechos.

El abogado asesinado también mencionó a los prominentes banqueros Fernando Peña y José López, que dirigen Banrural, a quienes reprochó no haber denunciado los hechos.

López fue presidente de Anacafé del 2003 al 2006, año en el que también resultó electo presidente de la junta directiva de la Organización Internacional del Café (OIC). Anacafé agrupa a los principales productores y exportadores de café, el principal producto de exportación del país.