VIEDMA (AV).- La plusvalía urbana, como un posible mecanismo compensatorio del esfuerzo desarrollado por el Estado municipal en obras públicas barriales y de regulación hacia especulaciones inmobiliarias, comenzó a ser discutida en esta capital.
El Concejo Deliberante se convirtió en centro de debate, pues hay en tratamiento parlamentario sin aprobación definitiva, cuatro proyectos relacionados con la posibilidad de aplicar nuevos parámetros constructivos para la ciudad.
Como se advirtió cierta reacción negativa en algunos sectores, el gobierno comunal y organizaciones no gubernamentales decidieron abrir un espacio de consultas y aportes; antes de que los concejales viedmenses levanten la mano en el recinto.
El intercambio de ideas estuvo encabezado por el arquitecto y especialista en urbanismo, Raúl Fernández Wagner, la concejal Laura Ramos (UCR); Mauro Pierini, como presidente del Colegio de Arquitectos, y Néstor Buzzo y Mario Sánchez, de la Fundación Alternativa Popular. Esta entidad actuó en calidad de organizadoras, y además adhirieron representantes del Foro por la Vida Digna.
Tras las breves intervenciones de los disertantes, y una explicación respecto de los ejes principales de la plusvalía como concepto, se habilitó la instancia de debate.
En este marco, se verificó un resultado enriquecedor, debido a que se hicieron públicas las expresiones que apuntaron a defender la idea de instaurar la captación de plusvalía y paralelamente a criticar estas iniciativas por considerarlas como un nuevo impuesto.
Ramos elevó tres proyectos de ordenanza proponiendo otorgarle participación al Estado en el incremento del valor inmobiliario que genera sobre el costo de la propiedad privada. Para ello, se cobraría por única vez un gravamen -a calcular desde la reglamentación- cuando se produzcan operaciones inmobiliarias.
Por otra parte, se informó que se excluirán las propiedades que queden como vivienda única o social.
Una segunda iniciativa prevé un relevamiento del suelo ocioso y también pretende crear un fondo especial de recupero que facilite el financiamiento de nuevas obras públicas. A ello, se le agregará próximamente, una propuesta del intendente Jorge Ferreira para establecer multas cuando sea necesario demoler una vieja propiedad y se haga caso omiso a las recomendaciones oficiales.
En los diálogos surgieron varios interrogantes sobre cuál será el destino de los fondos, los criterios de plazos y formas, y hasta se cuestionó el motivo por el cual la tierra se convierte en mercancía cuando su acceso representa un derecho.
