Puede que el matrimonio gobernante no haya pensado en el impacto que tendría la medida en las ya precarias finanzas provinciales cuando se le ocurrió congraciarse preelectoralmente con los estatales, prometiéndoles un aumento salarial del 15,5%, pero es más probable que haya entendido muy bien que subrayar una vez más la dependencia de los gobernadores de la buena voluntad del Poder Ejecutivo Nacional le supondría un beneficio adicional. No se trata de un detalle menor. Mientras que la Nación es responsable de aproximadamente 240 empleados públicos, de suerte que pagarles más no le ocasionará dificultades excesivas, las provincias tienen más de 1,3 millones y ya gastan en ellos la mitad de su presupuesto. Si los gobiernos provinciales se niegan a dar a los estatales aumentos que sean equiparables con el anunciado hace poco por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque no disponen del dinero suficiente, correrán el riesgo de enfrentar un sinfín de paros en la fase final de la campaña electoral; si para ahorrarse conflictos optan por otorgarles un incremento similar, el rojo fiscal resultante podría ahogarlos.

A pesar de su propio origen provinciano, los Kirchner nunca se han preocupado en absoluto por el destino del interior del país. Antes bien, se han concentrado en las vicisitudes de los caciques del superpoblado conurbano bonaerense que están en condiciones de aportarles muchos votos. Unitarios natos, siempre han dado prioridad a sus intereses políticos, aprovechando la debilidad extrema de las economías provinciales para presionar a los mandatarios, de ahí la aparición de tantos gobernadores radicales supuestamente comprometidos con "el modelo" y "el proyecto" de los K. Como consecuencia de tal actitud, casi todas las provincias se han visto empujadas hacia el borde de la bancarrota. En algunas, se prevé que después de las elecciones de fines de junio emitan cuasimonedas para poder seguir pagando los sueldos de los empleados públicos locales, con la esperanza de que tarde o temprano el gobierno nacional los ayude a rescatarlas, tal y como hizo al recuperarse la economía luego de la gran crisis del 2002. Podrían tener que aguardar mucho tiempo: la política del ministro de Economía de facto, Néstor Kirchner, ha sido tan irresponsable que la famosa "caja" ha quedado casi vacía. Para que se llenara nuevamente sería necesario que el país disfrutara de otro boom prolongado comparable con el de los primeros cuatro años de gestión kirchnerista, pero a menos que "el mundo" nos sorprenda saliendo pronto de la recesión en que ha caído, la posibilidad de que logremos reanudar el crecimiento a "tasas chinas" seguirá siendo escasa.

Por motivos evidentes, a partir de los meses finales del 2007 el gobierno ha sido reacio a suministrar información creíble sobre el estado de las finanzas provinciales. Según los datos brindados por consultoras privadas, se las han arreglado para acumular un déficit consolidado de más de ocho mil millones de pesos, un monto que con toda seguridad aumentará en los meses próximos puesto que, al igual que los Kirchner, los gobernantes de las jurisdicciones del interior subordinarán lo económico a sus propias ambiciones políticas. De más está decir que la provincia más "roja" de todas es la de Buenos Aires. Aunque la lealtad hacia el matrimonio santacruceño del gobernador, y candidato testimonial, Daniel Scioli, podría garantizarle algunos miles de millones de pesos, nadie supone que habrá suficientes como para permitirle cerrar el agujero gigantesco que se ha producido. También están en graves apuros otras provincias clave, entre ellas Córdoba y Santa Fe, pero en vista de la relación de Néstor Kirchner con los gobernadores respectivos, Juan Schiaretti y Hermes Binner, no les será tan fácil conseguir ayuda. Así las cosas, parecería que al interior del país le espera un ajuste fenomenal que, tal vez, resulte mitigado por los resultados de la lucha por recursos que estallará el 29 de junio. De reducirse el poder de Kirchner y su esposa de resultas de las elecciones legislativas, los mandatarios provinciales no podrán sino aprovechar la oportunidad para emprender una ofensiva vigorosa con el objetivo de obligarlos a tomar en serio su compromiso -en realidad, meramente verbal- con el federalismo.