A partir de las referencias presidenciales en Neuquén sobre el valor determinante que el gobierno nacional les asigna a los aportes jubilatorios que incluyen el dinero que antes iba a las AFJP, el titular de la cartera de Interior, Florencio Randazzo, salió a ratificar el pensamiento de Cristina Fernández y señaló que "si no hubiéramos tenido estos fondos, la suerte de la Argentina hoy sería otra".

La conclusión más sencilla que podría sacarse de la afirmación ministerial sería endilgarle a Randazzo la admisión de la crisis y la necesidad perentoria de manotear los fondos jubilatorios del sistema privado para paliarla. Parece excesivo, aunque "a confesión de parte...".

Sin embargo, lo que surge de modo más notorio de sus dichos es que resulta imposible creer que, después de seis años corridos de crecimiento que al decir oficial le proporcionaron a la Argentina el período más fecundo de los últimos 200 años, la suerte del país haya quedado atada de modo tan significativo a una suma que representa, en todo caso, cerca del 10% del PBI vernáculo, como fue el monto del traspaso al Estado de los aportes jubilatorios en el sector privado.

Quizá una lectura más ajustada que se puede hacer del mensaje que baja desde el gobierno es que los funcionarios no se animan a reconocer de una vez que, sobre todo durante el último año, se gastó demasiado y no del modo más eficiente y que por eso se necesita hoy recurrir a dicho rescate.

Más allá del sinceramiento del ministro, no se puede dejar de mencionar que cuando se dice ligeramente que los fondos de las AFJP no se aplicaban al sector productivo o que había 1.245 millones en el exterior en cabeza de empresas extranjeras y se desliza que eso sucedía por una maldad intrínseca de las Administradoras, aparecen dos inconsistencias evidentes.

En primer término, nadie puede desconocer que la cartera de inversiones y sus topes estaban digitados por una Superintendencia estatal que respondía al gobierno y que no ha sido otro que éste el que determinó las pautas a seguir por las Administradoras.

En esos permisos se inscriben el porcentaje de fondos a derivar a la economía real (sobre el 1% que se había pautado como tope, las AFJP habían llegado al 0,6%), así como también la tan criticada colocación de dinero en el exterior (apenas el 6,42% del total).

En segundo lugar, hay que recordar, como contexto de la situación, que los fondos de las cuentas individuales de entonces tenían como objetivo maximizar las utilidades de los futuros jubilados (ahorros) y no un propósito fiscal, como ahora está claro que, como loable propósito, tiene el dinero que maneja la Anses (impuestos) para reactivar la economía y sostener el empleo.

Son dos cosas distintas y la comparación está dada claramente entre peras y manzanas, que no hace otra cosa que confundir conceptos o encubrir el efecto pobreza que sufrieron los aportantes de las AFJP, deterioro que ya se venía materializando desde antes de que llegara a la Argentina la crisis internacional. Por otra parte, cuando la presidenta señala como algo filosófico que éste es un sistema solidario y no individual, dice -con razón- que ahora cada uno no tiene derecho a saber cuánto lleva acumulado, ya que todo va a un pozo común.

Pero este razonamiento no impide que la Anses transparente de modo más amplio las operaciones que ha efectuado, muchas de ellas a tasa negativa con respecto a la inflación, aunque -y éste es el argumento oficial de defensa- con un probable impacto social que estaría compensando el deterioro financiero.

Y un dato más. Cuando las AFJP le entregaron sus activos al Estado le traspasaron el 57% de su cartera en títulos públicos, todos ellos emitidos por el Tesoro o el BCRA. Hoy, todo indica que esa proporción se ha ampliado al 62,4%, porcentaje que incluye, además, la consolidación de deudas hasta el 2016, que se digitó entre gallos y medianoche hace un par de semanas.

HUGO GRIMALDI

DyN