A  pocas horas del primer pronunciamiento de la justicia electoral sobre las candidaturas testimoniales, el embate de la gestión K se profundiza con el ánimo siempre de defender las postulaciones impulsadas por Néstor Kirchner. 

En este sentido, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, contraatacó al cuestionar a dos postulantes, una de PRO y otra del Acuerdo Cívico y Social, por su profesión y residencia. Según Fernández, la candidata a diputada de PRO Laura Alonso, "era la titular de Poder Ciudadano", una entidad que prohíbe a sus integrantes ocupar cargos públicos o partidarios, y "trabajó a espaldas del propio código de ética de esa institución" al vincularse al macrismo. 

También dijo a radio La Red que la cuarta candidata del Acuerdo Cívico, la diputada nacional santiagueña Marta Velarde, "vive efectivamente en Santiago del Estero y hoy está cobrando desarraigo por vivir en Santiago del Estero". 

Por su parte, el ministro de Interior, Florencio Randazzo sostuvo que el gobierno quiere "saber qué piensa la oposición sobre determinados temas" porque "no ha escuchado ninguna propuesta".

Afirmó a radio Mitre que "no hay ninguna posibilidad de que no puedan ser candidatos" los postulantes oficialistas que han sido impugnados en la justicia electoral por dirigentes opositores, a los que acusó de "judicializar la política" y de "buscar un impacto mediático". 

Fuente Télam y DyN