La elección del título no es caprichosa. Por el contrario, resulta suficientemente ilustrativa de la ininterrumpida cadena de desatinos que califican el accionar de la conducción del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Desde hace mucho tiempo el Superior Tribunal de Justicia somete a los rionegrinos a las gravosas consecuencias derivadas de su ineficiencia, de su autoritarismo y su desprecio por el Estado de derecho y la república.

Y no nos estamos refiriendo al contenido de sus fallos o sentencias, toda vez que la opinabilidad de los pronunciamientos judiciales daría lugar a una controversia interminable y estéril. El objeto de estas líneas se vincula, por el contrario, con las decisiones referidas a la "política judicial" implementada desde el vértice de uno de los poderes del Estado. La errática direccionalidad de sus resoluciones, el desapego constitucional que las mismas exteriorizan, el desprecio por la transparencia, la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, la gravedad institucional que supone el autoritarismo que informa cada uno de los pasos transitados por la conducción del Poder Judicial, son sólo algunos de los aspectos que, en el día a día, explican el desamparo en que se encuentra inmersa la sociedad rionegrina a partir del incumplimiento del máximo tribunal de nuestra provincia con el rol que la Constitución le impone.

Nos referíamos en el título que encabeza estas líneas a "un juzgado", queriendo simbolizar con el mismo los despropósitos que denunciamos. El organismo al que aludíamos es el Juzgado Nº 20 localizado en la ciudad de Villa Regina, con competencia territorial en el este del Alto Valle y material en cuestiones penales (originariamente) y de familia (agregadas posteriormente a través del dictado de una resolución, tan insólita como inconstitucional, del STJ). Desde la unificación de tan disímiles materias en cabeza de un sólo juez, medida evidentemente regresiva y despreciativa de la especialidad del Derecho de Familia (que constituye la profundización del saber en una rama del derecho de alta complejidad, por su vinculación con el universo particular de los afectos humanos), los reclamos han sido incesantes. Más de cuatro años de solicitudes tendientes a la diversificación del Juzgado en dos organismos plenamente diferenciados han recibido el silencio, la inacción y el desinterés por toda respuesta. Las consecuencias están a la vista de todos: magistrado destituido, jueces sustitutos varios, inidoneidad por falta de especialidad, baja calidad de la justicia impartida con la desigualdad de trato que ello supone para los habitantes de esa región de la provincia, etc.? Acentuando la gravedad de esta realidad tan ilegal como injusta, se insiste en llamados a concursos que inevitablemente han quedado desiertos (actualmente existe uno vigente, con cierre de inscripciones pautado para el 30 de julio de 2009), en vez de torcer el rumbo del desatino a partir del reconocimiento del error y la modificación de lo oportunamente resuelto. Esta "crónica anunciada" de más de cuatro años de servicio de justicia ineficiente fue puesta oportunamente en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia a través de variadas voces que alertaban sobre la impredecibilidad de "... las consecuencias sociales y personales de este desacierto ...". Se ofrecieron alternativas superadoras, se propusieron soluciones marcadas por la gradualidad. Todo cayó en saco roto, destino ineludible de cada una de las iniciativas caracterizadas por la lógica que se les acercan infructuosamente a quienes conducen el Poder Judicial de nuestra provincia. Hace pocos días, diputados del circuito Alto Valle Este representativos de distintas fuerzas políticas presentaron en la Legislatura un proyecto tendiente a la diversificación, en dos organismos distintos, de las competencias unificadas que hoy detenta el Juzgado Nº 20. A pesar de desconocer la letra fina de dicho proyecto, damos la bienvenida a dicha iniciativa porque la misma, de ser convalidada legislativamente, constituye el punto final y el tiro de gracia a tamaño disparate pergeñado desde la insensatez y la irracionalidad.

Vayamos ahora al segundo de los temas que nos ocupa y hablemos un poco de los MIG. Esta sigla que significa "Medición e Indicadores de Gestión" comienza a aparecer en diversas acordadas del Superior Tribunal de Justicia a partir del año 2003 y se vincula con los llamados "reglamentos de bonificaciones generales y particulares", implementados con el objeto de recomponer los haberes mensuales de los integrantes del Poder Judicial, en especial los de los magistrados y funcionarios judiciales. La discrecionalidad y desigualdad en su otorgamiento, el ocultamiento de sus beneficiarios, la duplicación de legajos, caracterizan este "sistema de recomposición salarial", incompatible con los principios que sustentan y califican a los Estados republicanos. Numerosos pedidos de informes han sido cursados al Superior Tribunal de Justicia, remitidos por los Colegios de Abogados de la Provincia de Río Negro y por diversos medios periodísticos interesados en esclarecer e informar a la opinión pública. La respuesta recurrente ha sido siempre la renuencia, el silencio y la nada, en una actitud que nos lleva a pensar que los responsables de tamaño despropósito se adueñan de la cosa pública como si fuera un botín privado y disponen de la misma con el libre albedrío que deviene de su pretendido carácter de propietarios. Como el título de aquella famosa película, "De eso no se habla". Los cuchicheos retumban entre las cuatro paredes de los despachos oficiales, pero la claridad de las voces explicativas sigue sin aparecer en los ámbitos públicos. ¿Qué horizonte venturoso nos cabe esperar a los rionegrinos, si el Poder que debe garantizar la supremacía de la Constitución y la ley se mueve en los carriles del oscurantismo, propio de republiquetas bananeras? ¿Cuáles son las partidas de las que se extraen las sumas destinadas a cancelar mensualmente estos "adicionales", en el marco de una estrechez presupuestaria permanentemente denunciada por el Superior Tribunal de Justicia? ¿Sabrán los integrantes del máximo tribunal judicial de nuestra provincia que la información republicana es una obligación de quienes detentan el poder y no un derecho que pueden ejercer o no según sus humores? ¿Los beneficiarios de este desatino son rehenes de este sistema de remuneraciones creado por las acordadas del STJ y ello les impide denunciar públicamente estas irregularidades? Éstas y miles de preguntas han carecido de respuestas a la fecha. Si lo oculto se pusiera sobre la mesa, si lo no explicado se tornara razonable, si la rendición de cuentas supliera la desinformación, una preocupación menos tendrían los rionegrinos y una esperanza más permitiría imaginar, aún con esfuerzo, las consecuencias beneficiosas de una bocanada de aire fresco en el enrarecido ámbito institucional de la provincia. Pareciera que estamos pidiendo mucho, a juzgar por el derrotero que el Superior Tribunal de Justicia, en su actual composición, le está imprimiendo a su gestión.

"Para muestra basta un botón", decían nuestras abuelas. La situación del Juzgado Nº 20 con asiento en la ciudad de Villa Regina y los silenciados MIG constituyen la expresión más acabada, pero lamentablemente no la única, del subdesarrollo institucional que nos pretenden imponer desde el vértice de uno de los poderes del Estado. Si no corregimos rápidamente el rumbo, el descalabro y sus consecuencias serán inmanejables.

Después de terminar de escribir estas líneas, leímos la noticia publicada en la página 11 de la edición del 8 de mayo de este diario, vinculada a los aumentos en las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial. Se nos ocurren algunas preguntas, más allá de reconocer que el tema da para horas y más horas de reflexiones y (seguramente) debates. ¿Es posible seguir convalidando judicialmente la "emergencia provincial", con remuneraciones mensuales del orden de los $ 29.000 para cada uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (más viáticos, gastos de representación, MIG etc.)? ¿A cuánto asciende la brecha de las remuneraciones de quienes integran el vértice y la base del Poder Judicial y cuánto se ha profundizado la misma en los últimos veinticinco años? El tema amerita una discusión de fondo.

MARÍA GABRIELA LASTRETO Y CARLOS ALBERTO GADANO (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogados.