Los ojos del oficialismo y también los de la oposición estaban puestos este fin de semana en la visita que hará mañana a Chos Malal la presidenta Cristina Fernández. Los unos porque buena parte de sus expectativas -también las de todo el kirchnerismo neuquino- estaban pendientes de los anuncios en materia de obras que la jefa de Estado pueda proporcionar, tanto como de su respaldo explícito al gobierno de Sapag y al candidato del Frente para la Victoria. Los otros, porque la presencia de Cristina es una buena oportunidad para cargar las tintas contra la alianza existente entre el gobierno nacional y el gobierno local, entre otras cosas por el reflejo que tal alianza tiene en la campaña electoral en curso para renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

La presidenta arribará a la ciudad del norte neuquino desde El Calafate -donde pasaba este fin de semana con el presidente venezolano, Hugo Chávez, como invitado- en vuelo directo o previa escala en Neuquén (la cosa no estaba clara hasta ayer por las condiciones meteorológicas). Lo hará en compañía del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y de los ministros de Educación, Juan Carlos Tedesco, y de Ciencia y Tecnología, José Lino Barañao, y llevará consigo, efectivamente, una interminable lista de obras para mantener contenta a la tribuna, integrada entre otros por funcionarios de un gobierno "amigo", intendentes que simpatizan con el gobierno nacional y opositores al MPN.

Pero lo que se esperaba que fuera el plato fuerte de la visita era el anuncio de la construcción de la represa Chihuido I, una obra que por la magnitud de la inversión que representa -de 1.100 millones de dólares- puede significar una bisagra en el gobierno de Jorge Sapag. Con todo, las expectativas puestas en la posibilidad de que sea el propio gobierno nacional, a través de los fondos de la Anses, el que provea el financiamiento para la obra, no se verían confirmadas durante la visita presidencial. Más bien, todo lo contrario.

Aunque el presidente de la Unidad Ejecutora de Chihuido I, Elías Sapag -hermano del gobernador y representante de Neuquén en la AIC-, confirmó el lunes pasado "la alternativa de financiamiento a través de la Anses", una fuente nacional se ocupó de aclarar ayer que eso no significa que el gobierno nacional, sin más, vaya a aportar el grueso del crédito. Por el contrario, la fuente dejó entrever que son las cinco empresas privadas interesadas en el emprendimiento las que deberán conseguir financiamiento genuino para la obra.

Después de todo, aclaró, se trata de una obra "cuyos números cierran perfectamente", en la medida en que la futura central tiene asegurada la compra de la energía a través del contrato que firmará con CAMMESA, la autoridad del despacho eléctrico nacional.

Eso no implica -aclaró la fuente- que el gobierno nacional no esté dispuesto, a través de la Anses, a garantizar la cuota restante de capital que la empresa adjudicataria de la obra no pueda aportar.

Algo de esto debe haber llegado a oídos del gobernador Jorge Sapag, porque éste se ocupó de aclarar el martes, luego de que se conocieran las declaraciones de su hermano, que el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes), una entidad que suscita sana envidia entre los empresarios argentinos, "tiene seleccionado el proyecto Chihuido I entre los prioritarios".

El tema no es menor, porque la utilización de los fondos de la Anses para el financiamiento de la obra es motivo de agrias controversias entre el oficialismo y la oposición. Mientras esta última cree ver en ello un simple, peligroso manotazo sobre los fondos de los jubilados, el primero sostiene que el uso de esos recursos para la producción y el trabajo es una potestad irrenunciable del Estado, más aún en tiempos de crisis.

Sin entrar en el aspecto medular del debate, es a todas luces preferible que sean los privados los que aporten el grueso del capital de riesgo necesario para el proyecto, en lugar de hacer una vez más buenos negocios con la plata de todos. Sin contar con que el riesgo es bastante relativo, considerando la garantía de compra de la electricidad por parte del Estado.

Obispo en la mira

La posibilidad de que un empinado cardenal, por supuesta cuenta y orden del papa Joseph Ratzinger, le haya sugerido al obispo de Neuquén, Marcelo Melani, que renuncie por el pecado de oficiar ceremonias en mangas de camisa no resiste el menor análisis.

El insólito cuestionamiento al obispo neuquino acusado de vagas "imprecisiones teóricas" y "abusos litúrgicos" generó una reacción inmediata: entre otras figuras se solidarizaron con el prelado el gobernador Sapag y el intendente de la capital, Martín Farizano.

En realidad, cuesta aceptar que tales cuestionamientos sean los reales motivos por los que se ataca al obispo. El cura Rubén Capitanio echó alguna luz sobre este turbio asunto al revelar que el planteo habría surgido de "algún estanciero" del interior de la provincia disconforme por la celebración de la misa en el campo sin la ornamentación suficiente.

El planteo remite a los sectores más conservadores de la Iglesia, como los lefebvristas, que rechazan todas las innovaciones del Concilio Vaticano II en la liturgia y en las relaciones de la Iglesia y el mundo.

Pero aunque el actual Papa levantó la excomunión a los lefebvristas y los reincorporó a la Iglesia, cuesta creer que una misa al aire libre en un día de bochorno sea el verdadero desencadenante de tan áspero cuestionamiento. Después de todo, el obispo Melani ha tenido una participación activa en la defensa de los sectores campesinos y crianceros más vulnerables frente a los permanentes abusos que se cometen en esta provincia en relación con el manejo de la tierra.