VIEDMA (AV).- El ministerio de Educación que conduce César Barbeito deberá remitir a la Defensoría del Pueblo en un plazo de 72 horas los expedientes relacionados con la compra de guardapolvos y zapatillas para distribuir entre alumnos de las escuelas rionegrinas. Caso contrario, la titular del organismo de Control, Ana Piccinini le advirtió que recurrirá a la Justicia para que intervenga.

La defensora le recordó al ministro mediante una nota enviada el viernes que el primer pedido de informes al respecto fue recepcionado el 18 de diciembre del año pasado y fue reiterado en febrero y marzo últimos.

De esta forma, Piccinini salió al cruce de los dichos de Barbeito, quien expresó que "existe saña política" contra el legislador radical Daniel Sartor.

El titular de la cartera educativa agregó que este panorama deja indefensos a los funcionarios acusados ya que están "sancionados de antemano".

Barbeito calificó a las denuncias como una "cacería de brujas que termina desestabilizando el funcionamiento del sistema democrático".

"Esto es complicado. Tenemos que ser funcionarios probos, pero no podemos ser funcionarios sospechados continuamente y tampoco los organismos de control del estado pueden convertirse en organismos de sanción", agregó el titular de la cartera educativa.

De esas expresiones la defensora extractó las que aseguran que "están a disposición de la Defensoría y de la población todos los hechos de gobierno del ministerio".

A partir de allí Piccinini volvió a insistir con los pedidos de informes, ahora emplazándolo a que cumpla en 72 horas con el envío de los expedientes o recurrirá a la Justicia.

Esos expedientes -N° 144.198 -DS- 05 y N° 144.197 -DS- 05- están referidos a las licitaciones para la compra de guardapolvos y zapatillas que fueron adjudicadas a la firma Andreína, la cual según se pudo establecer en diciembre del año pasado, estaban vinculadas a la firma Textil Group, que pertenece a la hermana y al cuñado del legislador Sartor.

Luego de revelarse esa información, en la que además se mencionaba que otros oferentes habían denunciado parcialidad e irregularidades en al menos uno de los procesos, la defensora solicitó los expedientes a la cartera que conduce Barbeito y a la Dirección de Suministros, donde le informaron que los mismos estaban en poder de Educación.

La cartera educativa nunca respondió al requerimiento. "Esta información deviene necesaria a los efectos de poder analizar detalladamente el expediente relacionado con la empresa Andreína, que integra y forma parte de una investigación", sostuvo Piccinini. Además agregó las atribuciones que le confiere la ley al defensor del Pueblo y el deber de colaboración al que están obligados los funcionarios.