| Sábado 16 de Mayo de 2009 | Edicion impresa pag. 34 > Policiales y Judiciales |
Alberto Fasanella y Fernando Andrés Reguera ya están condenados a 19 y 12 años de cárcel por corrupción de menores, reiterada y con multiplicidad de víctimas. Pero no puede sostenerse que así el caso queda cerrado.
El fiscal de Cámara plasmó en su alegato que "sin complicidad policial y sin complicidad política este tipo de situaciones no se puede dar".
La Asesora de Menores afirmó que "no hubo actividad útil por parte de los organismos estatales" para proteger y contener a las niñas y adolescentes víctimas del caso, pese a los años que estuvieron "institucionalizadas" bajo la órbita de Promoción Familiar de la provincia.
Los jueces hablaron de "la niñez y la adolescencia pobres, las excluidas, las que sobreviven como pueden, entregando y/o arriesgando su libertad sexual, su vida, su presente y su futuro".
Falta, sin embargo, la determinación de los demás cómplices de un delito que horrorizó a todos. Durante el juicio, las chicas precisaron apodos, describieron lugares a los que fueron llevadas, hablaron del oficio de los clientes, del conocimiento que tenían los padres sobre el entorno que padecían sus hijas...
Se habló también de la famosa (aunque nunca confirmada) "agenda negra de Fasanella", en la que supuestamente están los datos de sus clientes más selectos. Y de otros lugares donde siguen ocurriendo cosas como las que pasaban en el motel de calle Neuquén o en la céntrica casa de Andrés Reguera.
Los propios funcionarios judiciales cercanos al caso afirman que una investigación más profunda puede desenmascarar a más consumidores de la explotación y la prostitución infantil en Roca, más allá del mínimo grupo de personas a las que se ordenó en el fallo seguir investigando. Sobre estos últimos, si bien existe el requerimiento de imputación, no se podrá seguir avanzando hasta tanto el fallo condenatorio dictado el miércoles quede firme.
Pero, mientras tanto, los funcionarios judiciales están obligados a seguir recopilando información. Habrá tal vez policías y políticos que tienen algo que decir, como sugiere el fiscal. Y hay vecinos que podrán aportar lo que seriamente sepan sobre este y otros casos, más allá de los rumores destinados a multiplicar el morbo. Una generación de niños vulnerables depende de una reacción.
MARCELA MARÍN