WASHINGTON (DPA) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluyó ayer una controvertida semana en materia de derechos humanos con otro retroceso: anunció que mantendrá los criticados tribunales militares en la base de Guantánamo, aunque aseguró que primero habrá "cambios" que mejoren las garantías procesales de los juzgados.

Las comisiones militares son "apropiadas" para juzgar a "enemigos que violan las leyes de la guerra", afirmó Obama en un comunicado, apenas tres días después de que adoptara su también muy criticada decisión de no hacer públicas unas fotos de tortura.

El anuncio d e Obama revierte el compromiso de acabar con estos tribunales militares adoptado durante su campaña, en la que los calificó como un "enorme fracaso" de la administración Bush.

De hecho, poco después de asumir la presidencia, en enero, Obama había suspendido su funcionamiento hasta el 20 de mayo.

En la nueva decisión, conocida pocos días antes de que expirara el plazo autoimpuesto, Obama sin embargo subrayó que los tribunales militares deben tener una "estructura y administración apropiadas". Por ello, agregó, el Departamento de Defensa solicitará una nueva moratoria que será de al menos otros 120 días, como la que iba a expirar el próximo miércoles.

Las "nuevas reglas" que Obama se comprometió a implementar constan básicamente de cinco puntos.

* Las declaraciones obtenidas por detenidos usando "métodos de interrogación crueles, inhumanos y degradantes" no serán aceptados como prueba en un juicio.

* Se "limitará" el uso de rumores o declaraciones indirectas ("hearsay")

* Los acusados tendrán más opciones a la hora de elegir a sus defensores.

* Se garantizarán "protecciones básicas" para aquellos que se nieguen a testificar y

* Los jueces de las comisiones militares podrán establecer la jurisdicción de sus propios tribunales. Obama había prometido cerrar en un año la base de Guantánamo, que actualmente tiene unos 240 sospechosos detenidos.

Uno de ellos precisamente fue liberado ayer y enviado a Francia. Se trata del argelino Lakhdar Boumediene, cuyo caso generó el año pasado una histórica decisión judicial contra el gobierno de Bush al lograr que la Corte Suprema estableciera que los presos en Guantánamo podrán recurrir a tribunales federales .

Pero esto no sirvió para aplacar la airada reacción de las organizaciones de derechos humanos y civiles. "Estamos profundamente decepcionados", afirmó Stacy Sullivan, de Human Rights Watch. "Al final no se logrará ninguna de las ventajas procesales para las que los tribunales militares fueron diseñados y encima se carga con todo el peso moral y político que conllevan estos tribunales". También el director de la American Civil Liberties Union, Anthony Romero, calificó de "absurda" la esperanza de que las reformas vayan a mejorar las garantías de los juzgados. "Si se ajustan estos procedimientos con los requerimientos constitucionales, no hay motivo para no usar nuestro probado y verdadero sistema judicial", dijo.