SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio no articuló aún soluciones para frenar el ingresos de gente no autorizada al basural, donde la situación social tiende a agravarse con el paso de los días, al ritmo de la retracción económica que golpea con fuerza a las familias más vulnerables de la ciudad.
La dirigente de la Asociación de Recicladores Bariloche, Zulema Morales, señaló ayer a "Río Negro" que aún no recibieron una respuesta del municipio, pese a las medidas de fuerza realizadas el lunes, y reclamó que la cartera de Desarrollo Social instrumente medidas de contención para la gente que ingresa al vertedero en busca de comida o sustento, sin autorización.
"Ahora no hay comedores comunitarios y la gente viene a buscar su sustento al basural", advirtió Morales, quien reclamó una acción concreta de la cartera social y se quejó de la poca predisposición al diálogo de su titular, Norma Gómez. "Nunca me había tocado trabajar con una señora tan dura como esta, si no hacemos un piquete no viene al basural", aseguró.
Morales aseguró que la situación se parece mucho a la registrada en el 2000, cuando centenares de familias de los barrios más pobres, afectados por la severa crisis económica, buscaban comida entre la basura sin ningún tipo de organización ni seguridad personal. Fueron necesarios tres accidentes, que involucraron a menores de edad, para que el municipio pusiera orden dando un marco institucional a los recicladores.
"Otra vez tenemos muchos menores que andan sobre el manto de basura, muchas veces buscando la comida para la familia, el maquinista ha trabajado con la mayor prudencia porque tenemos chiquitos de tres y cuatro años metidos entre la basura", dijo preocupada la recicladora.
La dirigente cifró expectativa en la aplicación de la tasa especial para particulares que depositen basura por fuera del servicio domiciliario, que comenzó a cobrarse el jueves pero advirtió que esa sola medida no alcanza.
Uno de los principales obstáculos para poner orden en el predio es la falta de seguridad. El Ejecutivo licitó el servicio y recibió la oferta de la empresa CBS que cotizó en $40.000, pero la falta de liquidez en al erario municipal paralizó el contrato y obligó a buscar otras alternativas.
Ayer ANB difundió que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación aportará $170.000 para terminar el galpón de reciclado, adquirir maquinaria y comprar la vestimenta para los recicladores.
El desembolso fue gestionado por la ex secretaria de Acción Social, María Martini, en el marco de un largo trabajo realizado con la ARB. Martini se hizo eco del reclamo, quienes plantean que existe un "desmanejo y ausencia del Estado en el vertedero", y recordó que "la actividad de los recicladores, requiere del trabajo conjunto del Estado y de organizaciones intermedias que realicen aportes".
