SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Comunidad del Limay manifestó su abierto desacuerdo con la ordenanza que creó el Jardín Botánico Municipal y cuestionó también que los concejales no hayan convocado a una audiencia pública.
De acuerdo a la normativa aprobada días atrás por el Concejo Municipal, el ingreso al JB será arancelado y una porción del predio será cedido por 30 años a la entidad privada Sembrar, que instalará allí un vivero de autóctonas con proyección comercial.
La ong ambientalista denunció que el proyecto del Botánico afecta a "una fracción de tierra valiosísima, sobre todo por ser un bien público".
A su entender, el Concejo Municipal trató y aprobó la iniciativa "en violación al derecho de consulta y decisión de los vecinos".
Durante el reciente debate de la ordenanza en segunda vuelta su principal impulsor, Hugo Cejas (SUR), defendió el cobro de entrada, porque el municipio -dijo- no está en capacidad de sostener el emprendimiento. Dio por seguro que asegurar la gratuidad de acceso sería "condenarlo al fracaso".
Aunque todos los ediles votaron a favor en general, algunos plantearon disidencias en las cuestiones más polémicas de la normativa.
El concejal Alfredo Martín (Frente Grande) consideró que "es un falso axioma decir que el Estado no se puede hacer cargo del Botánico. Si el Estado no tiene recursos es porque administra mal o porque no le quieren cobrar a los que más tienen".
Confesó también estar "cada vez más arrepentido" de haber votado a favor de los comodatos de tierras en favor de Sembrar y de Crearte. Esta última ong que instalará en otro predio un instituto para chicos con capacidades diferentes.
La Comunidad del Limay convocó a "articular la oposición social a este despropósito", para lo cual propuso acudir a la Defensoría del Pueblo.
"Nuestro país ha experimentado y sigue sufriendo la entrega de bienes y recursos del Estado una y otra vez -sostuvo el representante de la CdL- y es lamentable que en nuestra comunidad también se siga por ese camino, pudiendo encontrar (otras) maneras de resolver la administración de los recursos de manera genuina e independiente de manos privadas".
