VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobó ayer un reajuste del presupuesto de Río Negro, fijando una disminución de 182 millones de pesos sobre el esquema votado en diciembre. La reducción es inferior a los 236 millones requeridos por el gobernador Miguel Saiz en su proyecto de readecuación.
La caída en los ingresos para Río Negro constituyó el argumento oficial para imponer este nuevo esquema de recursos y gastos. El presupuesto concluyó en 3.821 millones de pesos. El Ejecutivo propuso algo más de 3.767 millones y el aprobado en diciembre era de 4.003 millones.
Los cambios presupuestarios lograron el aval de los bloques del oficialismo, Encuentro, ARI, PPR y Frente Democrático. El rechazo esencialmente lo encabezó la bancada del justicialismo.
Según los datos, las estimaciones oficiales dan cuenta que esa cifra final quedará equilibrada dado que los ingresos se fijaron en 3.085 millones, otros 261 millones por recursos de capital y 475 millones de pesos por otras fuentes financieras. El detalle de gastos corrientes será de 2.966 millones, con 483,7 millones por gastos de capital y 371,7 millones por intereses de la deuda.
Los cambios al proyecto del Ejecutivo se concentraron en la eliminación del artículo que redistribuía parte de los ingresos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y la incorporación como recurso de capital del porcentaje de coparticipación nacional proveniente del fondo de retenciones a la soja. Unos 50 millones pesos irán directamente a los municipios.
Además, la Legislatura aprobó la autorización para que el Ejecutivo refinancie pasivos financieros, reprograme deudas y ceda en garantía o en pago de las obligaciones asumidas los recursos que corresponden a la provincia. En este caso, el radicalismo hizo uso de la mayoría propia para darle curso favorable al proyecto para que la Tesorería General de la provincia pueda emitir títulos públicos, pagarés y librar cheques diferidos para cubrir eventuales déficit de caja.
El miembro informante de la mayoría, Carlos Sánchez, buscó restarle dramatismo a la discusión argumentando que "no hemos hecho despilfarro de los recursos" sino que "nos ajustamos a la realidad" de la crisis internacional y nacional que denuncian "una caída de los recursos".
Admitió también una merma del 20 % en la recaudación provincial.
El legislador allense defendió la transparencia de la actual administración destacando que si bien se ve un crecimiento en los gastos de personal con más de 38.000 empleados públicos "se produjo un aumento del salario real" y con este tipo de medidas "estaremos garantizando la paz social" quedando asegurados los servicios esenciales del Estado en Educación, Salud y Seguridad.
En tono severo, y por momentos alzando la voz, el opositor Pedro Pesatti se quejó de que todas las explicaciones del Poder Ejecutivo se limitaron a entregar "cuatro hojitas". Recordó la versión taquigráfica en la que Sánchez ensalzó el superávit durante la discusión de diciembre pasado y ahora aparecen con un déficit. Asimismo, cuestionó la "decadencia" hospitalaria pese a que desde el Ejecutivo se defiende la política de Salud.
La legisladora Magdalena Odarda criticó al gobierno nacional frente a un "claro proceso de ´desfederalización´ de la actividad económica" que con la merma en la Coparticipación nacional "de la que Pesatti no habló"; cuestionando que el gobierno rionegrino "claudicó en los reclamos legítimos" sobre lo que debe enviar la Nación.
Puso como ejemplo que las provincias de Río Negro y Neuquén perdieron sólo en el primer trimestre del año unos 34 millones de pesos y estimó la pérdida total para este año de 120 millones de pesos.
Aun así, Odarda anunció un voto positivo en general y negativo en lo relativo a gastos, recursos y delegación de facultades de la Legislatura al Poder Ejecutivo.
Por su parte el legislador Facundo López (Encuentro) anunció el mismo tipo de acompañamiento, y en el mismo sentido se pronunció Fabián Gatti del Frente Democrático.
Sobre la refinanciación de pasivos, la oficialista Adriana Gutiérrez explicó que la iniciativa se ubica en el marco de un conjunto de medidas puestas en marcha por el gobierno provincial que apuntan a "contener el gasto público a niveles equilibrados sin perder de vista la reactivación del aparato productivo y la ampliación de los planes de competitividad".
Precisó que al 30 de marzo, la deuda de la provincia alcanza a 3.579 millones de pesos, de los cuales el 90% corresponden a obligaciones asumidas con el gobierno nacional; el 4,2 por ciento a organismos internacionales (150 millones) y 3,8 por ciento a títulos públicos (137 millones).
