La administración de los bienes públicos y de la vida en comunidad se ha vuelto tan compleja que los Estados se ven en estos tiempos convertidos en intrincadas organizaciones multifunción, conformadas por gran cantidad de personas con capacidades y responsabilidades diversas.

Aun con sus diferencias, muchas son las similitudes entre un Estado y una gran empresa. Y, pese a las primeras, nada bueno surge cuando se declara que ninguno de los criterios que rigen para la actividad privada son aplicables a la función pública.

Un gerente y un gobernante son elegidos por su aptitud para concretar un proyecto. Los controles de la eficiencia y la eficacia en la función también son comparables. Y, en todo caso, el control en un Estado debe ser igual o mayor, pero nunca menor que en una empresa privada. Es que, además de las instancias internas previstas en la propia organización, existe en el Estado democrático un control descentralizado, el de la ciudadanía, al que todo funcionario o agente público está obligado a responder.

La calidad de la gestión pública depende, por ello, de la rapidez y sabiduría con que se advierten los problemas y se diseñan y ejecutan las soluciones y proyectos. Pero también la integran las formas, el respeto por la opinión ajena e, incluso, la seriedad con que todo funcionario toma sus propias definiciones y palabras, ya que éstas tienen que ver con el cabal ejercicio de la función que se ocupa.

En el último tiempo varios sucesos indican, en la gestión que encabeza el gobernador Miguel Saiz, cierta liviandad en el manejo de la gestión y de la información: anuncios carentes de precisión, diferencias al aludir a cifras o datos, marchas y contramarchas en medidas de gobierno, además de declaraciones contradictorias o tan ambiguas que no permiten conocer el verdadero pensamiento de los funcionarios...

Sin información precisa, los ciudadanos no pueden evaluar una gestión, ni decidir, ni votar, ni nada. La vaguedad no puede ser la regla en un equipo de gobierno. Porque quien ocupa una función pública no es libre de callar, de omitir o de encubrir sino que debe actuar con la mayor transparencia posible.

- Empeñoso en responder a cifras publicadas por este medio, el gobernador negó que Bariloche tuviera sólo el 5% de las viviendas que se construyen en la provincia por planes federales y dijo que ya son más de 1.400 y no 367 como afirma el área nacional. El representante del IPPV en Bariloche debió admitir que, en el mejor de los casos, las construcciones acordadas llegan a 1.081 y en algunos casos son consorcios formados que hace años esperan el comienzo de las obras.

- La respuesta oficial ante la crisis resultó poco seria: mientras el mundo define cómo afrontarla, la gestión Saiz anunció sólo reducir el número de funcionarios sin especificar el ahorro resultante, jubilar a algunos empleados públicos en condiciones de acceder a ese beneficio y congelar el ingreso a la administración pública, salvo en salud y educación. En resumen, un conjunto de palabras imprecisas, de efectos ignotos. Mientras ya se advierten los efectos de la falta de liquidez de la provincia, sigue el derroche en asesores y puestos políticos, consultores y publicidad en beneficio de la imagen gubernamental, aspectos que en nada contribuyen al bienestar público como fundamento de existencia del Estado mismo.

- Sin previo aviso, el gobierno provocó la ira docente al recortar el salario a directores de escuelas y supervisores en lo que supere el sueldo del gobernador, en aplicación del decreto Nº 80. La medida, absurda en cuanto pretende afectar con un decreto derechos amparados por la ley, ignora otro elemento: el "sueldo" del gobernador es de 7.000 pesos sólo en lo formal, puesto que por su función recibe otras prestaciones de carácter económico, como son disponer en Viedma del uso de la Residencia de los Gobernadores, alimentos y personal de servicio, teléfono y otras conexiones en forma gratuita, vehículo, combustible y demás. Todo esto forma parte de su remuneración, puesto que reúne el requisito de la habitualidad en el otorgamiento, mientras que los docentes deben solventar con sus ingresos su casa, sus servicios y todo otro gasto doméstico.

- Parecida falla legal tuvo el decreto Nº 81, que tarde y mal implementó una medida reclamada desde hace más de un año por el ministro Verani. Mal, porque pretendió unificar todas las cuentas del Estado, cuando nunca un decreto -tipo de norma pensada para regular aspectos operativos del Poder Ejecutivo- puede afectar a los otros dos poderes del Estado. Saiz tranquilizó a los jueces del STJ diciendo que no tocaría sus fondos, pero el papelón de su gestión permaneció en cómo se redactó el texto.

- En una entrevista con la publicación viedmense "El pasquín", el gobernador evidenció un notable descuido en el uso del idioma, incurriendo en vocablos vulgares al referirse a la crisis docente y a cuestiones políticas. Nadie podría reprochárselo, puesto que no violó ninguna norma al hacerlo. Pero es de suponer que ningún favor le ha hecho a su propia imagen.

- En esa entrevista, Saiz alude a cifras que difieren de las oficiales. Expresa que en Río Negro "se invierten 10.000 pesos por alumno; alguna falla estructural hay". Según la última estadística oficial elaborada por el Ministerio de Educación, durante el 2008 se gastaron 4.769,84 pesos por alumno en la provincia.

- En otro "furcio", el integrante del Tribunal de Cuentas, Pedro Casariego, afirmó a la agencia ADN que las declaraciones juradas de los funcionarios pueden ser abiertas por el juez que las pida, por los cabezas de poder respecto de sus subordinados, por la AFIP, Rentas "y por los mismos funcionarios que la presentaron". Algo impensable si lo que se busca es, precisamente, que nadie pueda alterar lo que declaró.

En fin, un gobierno para el cual la precisión no parece ser una prioridad.