ROMA.- Los diputados italianos adoptaron ayer bajo la presión de la extrema derecha, una ley controvertida sobre la seguridad interior y la inmigración que convierte a Italia en uno de los países más severos en la lucha contra la inmigración clandestina.
El texto fue adoptado con 297 votos a favor, 255 en contra y 3 abstenciones. Esa ley crea un delito "de inmigración y estancia" clandestinas, reprimido con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros, y vuelve posible la denuncia ante la justicia de inmigrantes en situación irregular. Amplía además de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida. "Cerramos las puertas (de la inmigración) y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse", resumió el jueves el jefe de gobierno Silvio Berlusconi.
Según el Cavaliere, un 76% de los italianos apoya la posición del gobierno.
En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del partido de la Liga del Norte (extrema derecha), es la posibilidad que las "asociaciones de ciudadanos" realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público. La ley prevé además registrar a los "sin techo".
La política migratoria de Italia cosechó en los últimos meses fuertes críticas internacionales. "La criminalización de los inmigrantes" amenaza con "reforzar la ya visibles tendencias xenófobas" del país, advirtió hace menos de un mes el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, que se manifestó preocupado por el retorno forzado de inmigrantes a Túnez.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), habló ayer de un "peligroso derecho de asilo", después de que cientos de inmigrantes encontrados en el mar fueran deportados directamente a Libia antes de poner sus pies en suelo italiano.
En el 2008 las medidas previstas por Italia contra inmigrantes rumanos de la etnia roma desataron las críticas en la Unión Europea (UE).
La Comisión Europea espera que las nuevas medidas sean definitivamente aprobadas para pronunciarse, pero "a primera vista, no parecen contravenir" la legislación europea, indicó un responsable del Ejecutivo de Bruselas que prefirió mantener el anonimato. (DPA)
