Hasta los juristas radicales que prepararon las impugnaciones de las candidaturas del ex presidente Néstor Kirchner, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el jefe de Gabinete Sergio Massa y otros "testimoniales" saben muy bien que es escasa la posibilidad de que la Justicia preste atención a sus argumentos, por lúcidos que éstos sean. Aunque les parece evidente que dichas candidaturas son ilegales, puesto que hace poco en un documento público Kirchner afirmó que su domicilio real estaba en Río Gallegos, Scioli ha olvidado que conforme al artículo 73 de la Constitución de su provincia los gobernadores no pueden ser diputados y Massa se ha convertido en un auténtico coleccionista de cargos por ser, además de jefe de Gabinete, intendente de Tigre con uso de licencia, son tan conscientes como el que más de que en nuestro país la legalidad es lo de menos. Asimismo, entienden que, de fallar la Justicia Electoral en contra de las candidaturas meramente simbólicas, se desataría un conflicto de poderes tan impresionante que ya antes del 28 de junio el país podría precipitarse en el caos cuya proximidad parece preocupar muchísimo a Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, razón por la que sería asombroso que los jueces optaran por descalificar la maniobra oficialista. Claro, si las encuestas de opinión hicieran prever que a Kirchner y los demás testimoniales les aguarda una derrota aplastante, sería por lo menos factible, si bien muy poco probable, que decidieran aprovechar un pretexto honorable para borrarse de las listas.

El desprecio generalizado por la letra de la ley, y ni hablar del espíritu, que de un modo u otro manifiesta el grueso de la clase política es un asunto serio. Aunque a pesar de todo la Argentina todavía conserva las instituciones democráticas fundamentales -se celebran elecciones relativamente limpias y sesionan periódicamente las legislaturas- nadie ignora que se trata de cáscaras huecas. A veces parece que todos los dirigentes políticos genuinos se han visto reemplazados por actores profesionales que sólo simulan desempeñar sus funciones pero no creen personalmente en lo que dicen y no sienten interés por los proyectos de ley que sus referentes les ordenan cohonestar, razón por la que a muchos votantes no les importará demasiado que quienes figuran en las listas oficialistas nunca soñarían con cambiar el puesto que en la actualidad ocupan por el de un legislador humilde.

Los estudiosos de los fenómenos políticos suelen llamar "anomia" a la situación que se da en aquellas sociedades sin ley en que lo único que cuenta es la voluntad de personas poderosas. Por fortuna, la Argentina aún dista de ser un "Estado fallido" como Somalia, pero es innegable que en los últimos años ha dejado de ser un país en el que, con la excepción de quienes se saben delincuentes, todos, desde el presidente de la República -o la presidenta- hasta el ciudadano más pobre, se sometan automáticamente al imperio de la ley. Aquí el triunfo de lo que el recién fallecido ex presidente Raúl Alfonsín calificaba de "la cultura de la ajuridicidad" ha sido tan completo que incluso los comprometidos con el respeto por la ley, como aquellos radicales que han impugnado a los testimoniales, pueden dar por descontado que, a juicio de virtualmente todos, el suyo es un gesto a lo mejor quijotesco que emprendieron por motivos electoralistas. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tienen detalles pedantescos como los supuestos por un artículo de una Constitución provincial que pocos leen o el lugar de residencia formal de un hombre que, como es notorio, vive esporádicamente en Olivos desde hace casi seis años? En la patria de la viveza criolla son considerados personajes molestos, cuando no siniestros, aquellos que tratan de distinguir entre lo que es legal y lo que no lo es. La mayoría se ha acostumbrado tanto a atenerse a un código de conducta que no figura en ningún texto jurídico, que sólo a un revolucionario se le ocurriría intentar obligarla a acatar todas las leyes. En cuanto a pedirles a personajes tan eminentes como los Kirchner y Scioli que las respeten, la idea es tan absurda que cuesta creer que la hayan tomado realmente en serio los juristas radicales que han impugnado sus candidaturas.