El futuro de una ciudad debe construirse con una planificación seria avalada desde lo técnico y con el respaldo social de sus vecinos. Sólo así la planificación tiene un valor preponderante en una gestión de gobierno.

Sin este pilar fundamental para el desarrollo armónico y solidario en todos los ámbitos no sólo de una ciudad sino de un país y de una provincia, es imposible llevar adelante una buena gestión de gobierno. Mucho menos, trazar un camino para recorrer. Sin este pilar, el riesgo de que una gestión caiga en el vacío es enorme. En el vacío -se sabe- la improvisación es la regla, y cuando hay cuestiones de Estado de por medio, la improvisación genera costos altísimos para todos los ciudadanos.

El Plan Estratégico de Cipolletti fue una definición clara y consensuada sobre qué querían hacer los cipoleños con su ciudad: desde el 2000 y durante tres años trabajaron representantes de más de 160 instituciones de la comunidad; en conjunto con las autoridades municipales, fueron quienes determinaron el perfil que debía adoptar la ciudad y lo proyectaron a futuro.

Con ese Plan Estratégico, que demandó la inversión de fondos públicos, Cipolletti trazó un camino por recorrer en lo económico, lo social y lo territorial.

En lo urbanístico, se proyectó una ciudad de alta calidad ambiental cuyo crecimiento estuviera armonizado con la preservación de la zona productiva, el espacio de mayor valor simbólico para los cipoleños y también de gran importancia económica para la ciudad y la provincia.

Desde entonces y hasta el día de hoy las autoridades que han estado al frente del Ejecutivo municipal supieron respetar ese camino y trabajar para mejorarlo. Hicieron de él una política de Estado, cuestión esencial para cualquier gobierno.

Ante la falta de una política habitacional sólida y planificada del Estado tanto nacional como provincial en los últimos años, una herramienta que permitiría cumplir con el derecho a la vivienda que tienen todos los ciudadanos según nuestra Constitución nacional, comenzaron a surgir en la provincia y en la región las tomas de terrenos. En Cipolletti los casos más recientes se dieron a fines de abril y principios de este mes.

Desde el surgimiento de las tomas, los gobiernos municipales han sido los primeros en tener que enfrentar el problema y los responsables de dar respuestas. En todos los casos debieron hacerlo solos, sin acompañamiento estatal y sin contar con los medios económicos suficientes. Es sabido: la responsabilidad de resolver el acceso a la vivienda, como el hecho de garantizar la educación, por ejemplo, recae principalmente en el Estado nacional y provincial. Son los ámbitos que administran los recursos públicos para cumplir con esas funciones, entre otras.

Al producirse las últimas tomas en Cipolletti, la defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, acusó al municipio de inacción. Entre otras cosas, dijo que "gobernar es involucrarse, hacerse cargo de los problemas?". Cuestionó la negativa de los funcionarios comunales a autorizar el loteo de las tierras tomadas, ya que están en una zona rural no apta para la urbanización según los lineamientos del Código Urbano y los criterios fundados en el Plan Estratégico.

En lo personal, siento un profundo respeto por Piccinini. No dudo de que ha demostrado estar a la altura del rol que ocupa. Pero considero que en este caso puntual actuó en forma demagógica y con un total desconocimiento del tema.

Tampoco tuvo la prudencia de reparar en las denuncias del intendente por presunta asociación ilícita en algunas de las tomas, debido a la venta de terrenos. Sin dudas, hay mucha gente con necesidad, pero hay otros inescrupulosos que ven en las tomas un negocio económico y con ellos no hay que tener contemplaciones.

La solución habitacional en la que está trabajando el municipio es muy clara: del Plan Estratégico se desprendió que la urbanización de Cipolletti debe ampliarse hacia su zona norte. Por ese motivo se ofrecieron loteos sociales en el Distrito Vecinal Noreste, espacio reglamentado por ordenanza municipal. Sin embargo, este planteo fue rechazado por las familias de las tomas. Dijeron que las tierras están contaminadas, algo sin acreditar por ningún estudio, y que están alejadas del radio urbano.

Pero acá lo que hay que entender es que la solución ofrecida por el municipio es la que está a su alcance como tal. Es la solución posible y que puede comprometerse a brindar. Quizá para algunos no sea la ideal, pero es la que puede dar pensando en la mayoría.

Sobre este escenario, creo que la acusación de Piccinini es poco seria, porque el municipio de Cipolletti cuenta con una política pública habitacional y la debe ejecutar en forma solitaria, como muchas otras comunas de la provincia.

Y menos seria aún, e incluso lamentable, es la postura de algunos dirigentes políticos de la ciudad que, teniendo nula experiencia en la función ejecutiva y desconociendo cómo deben ejecutarse las políticas de Estado, estimulan las tomas con el solo objetivo de sacar algún miserable rédito político, haciendo de la demagogia y el oportunismo una bandera.

JULIO ARRIAGA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Diputado nacional Unión Peronista por Río Negro