NEUQUÉN (AN).- Pabellones vidriados, muebles de acero, perímetros vigilados por cámaras y sistemas electrónicos, más de 70.000.000 de pesos de inversión reconocidos. Un inmenso campo de 80 hectáreas con 38 cubiertas, prácticamente inoperante. Esa es la realidad de la cárcel de Senillosa, un sueño sobischista que se construyó, como calificó un alto funcionario de esa gestión, en tierras inertes de la ciudad "inviable". Quizá algún día se abran sus puertas, pero no será sin reformas al proyecto original, inviable en los mismos términos -y en otros- que Senillosa. Como esa ciudad, de todas formas se construyó. Ahora observa, expectante, a quienes deben decidir sobre su futuro.

En noviembre del 2008 la obra fue entregada al gobierno provincial. El gobernador Jorge Sapag anunció, al no haber logrado que Nación respetara el convenio que obligaba al traslado de la Unidad 9, que el complejo preparado para recibir a 550 internos, se habilitaría sólo con 100.

La realidad marcó luego que el problema no pasa por la cantidad de internos, sino con la génesis del proyecto: tal como fue pensado, demandará un gasto mensual que oficialmente nadie se atreve a informar y, al igual que otras obras iniciadas en la anterior gestión, se necesita gastar más de lo previsto.

Según altas fuentes del ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad que conduce César Pérez, el informe de seguimiento elaborado por la comisión de expertos que creó Sapag para supervisar el avance de la obra hace casi un año, hasta el momento da cuenta de todas las fallas del complejo. Una de ellas es el sistema electrónico que controla la seguridad de la prisión, que con altos costos de mantenimiento, hizo pensar en una vuelta a lo "mecánico", lo que implicaría un rediseño general de la cárcel. Oficialmente, desde el ministerio de Seguridad se desmintió la versión y se afirmó que el costo del sistema electrónico estaría cubierto.

Sí se admitió oficialmente que "la puesta en marcha y mantenimiento de la cárcel implica un gran desafío en estos momentos de crisis". "La cárcel necesita presupuesto propio", fue el segundo argumento oficial para explicar las demoras. Para todo el 2009 se previeron erogaciones por 112.900 pesos entre bienes de consumo y de uso y servicios no personales, según consta en el proyecto de presupuesto elevado a la Legislatura, por lo que sin una partida especial, el complejo no podría funcionar.

Los mayores costos de funcionamiento se original, principalmente, en su ubicación y sus dimensiones. No sólo debe preverse el personal, sino su traslado y vivienda en la ciudad. Y el tamaño de las instalaciones, si bien permite alojar una mayor cantidad de internos, genera gastos secundarios que van desde el parquizado hasta las herramientas que se necesitan para cambiar una foco ubicado a gran altura.

La provincia tampoco cuenta con el personal penitenciario necesario para garantizar el funcionamiento del complejo. En la última inscripción de aspirante se bajaron los requisitos, pero aún sin exigir el secundario completo se logró captar el interés de postulantes.

El complejo penitenciario de Senillosa se ideó como uno de los más modernos del país, donde todo se iba a comandar por computadora: puertas, pabellones, luces, y el sistema de sensores perimetrales responderían al mando de la informática. "Se realizó cableado, pero falta el permiso -o licencia- para usar el programa", indicaron fuentes confidenciales que contrastan la versión oficial.