LA PAZ (AFP) - El presidente Evo Morales afirmó ayer que el asilo otorgado por Perú a un ex ministro boliviano acusado de delitos de lesa humanidad por la muerte de 60 civiles en una rebelión popular en octubre de 2003, constituye "una abierta provocación" a Bolivia.

"Lo que está haciendo el presidente Alan García es muy grave" porque "no reconoce normas internacionales sobre asilo y refugio (..), no respeta al pueblo boliviano y, lo que más me preocupa, no está respetando sus normas" internas, dijo Morales ante corresponsales de la prensa extranjera.

Se trata de una "abierta provocación al pueblo boliviano, abierta provocación al gobierno nacional", por lo que Lima debería revisar su medida y "expulsar a estos delincuentes que se escapan a Perú", señaló en referencia a este ex ministro y a otros dos que gestionan actualmente refugio en Lima.

El gobernante boliviano llamó también a García, en "un pedido de presidente a presidente, que deje de proteger a delincuentes, que deje de ser como el presidente (de EEUU, George) Bush; que respete las normas y fundamentalmente los derechos humanos".

"No es posible que el gobierno peruano pueda conceder asilo y refugio: no respeta normas internacionales sobre asilo y refugio, no hay respeto al pueblo boliviano, especialmente, a las víctimas de un delito de lesa humanidad", afirmó el mandatario.

En Lima, el vicepresidente peruano, Luis Giampietri, calificó este lunes de "interferencia inaceptable" las críticas del presidente Morales por el asilo otorgado a un ex ministro boliviano.

"Nadie puede decirle a ningún país del mundo a quién debe o no debe asilar. Es una interferencia inaceptable en la política interna de un país", dijo Giampietri.

El nuevo incidente nace de la decisión de Lima de otorgar asilo a Jorge Torres, ex ministro del ex presidente liberal Sánchez de Lozada, quien dimitió en octubre de 2003 por la presión de una rebelión popular, que se saldó con la muerte a balazos de al menos 60 civiles y medio millar de heridos.

Sánchez de Lozada fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de "masacre sangrienta" y peculado, junto a once de sus ex ministros, entre ellos el socialdemócrata Jorge Torres Obleas.

Los imputados deben comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, a partir de este miércoles en la ciudad de Sucre. Según fuentes diversas, además de Torres Obleas habrían pedido asilo político en Perú, el ex ministro de Salud Javier Torres Goitia y la ex titular de Participación Popular Mirtha Quevedo.

Mientras tanto, en La Paz los ex miembros del alto mando militar durante la revuelta popular de 2003, los generales Roberto Claros y Juan Véliz, descartaron pedir a algún país extranjero asilo político y anunciaron su decisión de asumir defensa en la justicia.

Sánchez de Lozada, quien impulsó un profundo proceso de privatizaciones durante su primer gobierno (1993-97), abandonó el país al momento de dimitir, en el ocaso de su segundo período (2002-03), junto a sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague.

Otro ex ministro de Agricultura, el socialdemócrata Guido Añez, también se encuentra en Estados Unidos, donde dijo que huyó porque no existían garantías jurídicas en Bolivia para un juicio justo. (AFP)