SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El sindicato de los trabajadores de la Seguridad pidió la intervención de la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, para revertir la precariedad legal de las empresas que operan en esta ciudad y la consiguiente situación laboral que soportan los custodios.

Los dirigentes del gremio se quejaron del silencio que mantiene la Subsecretaría de Trabajo frente a las reiteradas denuncias presentadas por la falta de habilitación de las empresas, las malas condiciones laborales que soportan los trabajadores de la Seguridad y los magros salarios que perciben.

"De las 30 empresas que operan en la ciudad muy pocas son legales, el único que aprueba la apertura de empresas es el comisario", aseguró el secretario Gremial del Sinsmaca, Héctor Haro, que se quejó por la precariedad laboral que genera esta situación.

El dirigente sostuvo que la mayoría de las firmas están asentadas en el valle de Río Negro, Neuquén, Bahía Blanca o Buenos Aires, operan en negro.

Haro señaló que "las empresas denunciadas siguen trabajando como si nada" y anticipó que el gremio va a promover un proyecto de ley que regule la habilitación de las operadoras con todos los requisitos que se exigen a nivel nacional. El gremio pedirá la intervención de las autoridades nacionales de Trabajo ante la falta de respuesta de sus pares provinciales que no hicieron las inspecciones solicitadas desde la entidad. "Nosotros pedimos que se controlen las condiciones laborales, de seguridad e higiene", dijo.