En la corta biografía del actual gobierno municipal asoma -entre muchos otros datos salientes- una visible incapacidad para afrontar la escalada de la crisis y plantar batalla al déficit de las cuentas municipales.

Al margen de los anuncios y "desanuncios" relacionados con la emergencia económica, el intendente Marcelo Cascón implementó una política errática y dubitativa altamente sensible para la comunidad, en particular con el volumen del gasto político.

Comenzó su gestión en junio de 2008 con un organigrama de 27 cargos, una cifra que luego engrosó con "colaboradores directos" y otras designaciones políticas, muchas de ellas con remuneraciones superiores a los 5.000 pesos. Ante las críticas de la oposición defendió los nombramientos. Dijo que eran menos que los acumulados por la gestión anterior y aclaró que él no los camuflaba.

Pero avanzado el desmadre de las cuentas tuvo que recortar y en marzo pasado dispuso que todo el personal político sufriría una rebaja salarial del 20%, además de "echar" a 15 funcionarios que, en algunos casos, fueron reincorporados poco después.

Cascón había dado a entender que con ese esfuerzo sería suficiente, pero las miserias del desfinanciamiento apretaron todavía más el cogote municipal y allí debió ir otra vez en busca de las tijeras. Repitió que habrá cambios en la estructura para achicar más el gasto político y admitió también que el mensaje apuntará "hacia adentro", en la búsqueda de un mayor compromiso de los trabajadores.

Queda a la vista que el gabinete inicial resultó disfuncional en la crisis y que el primer recorte no alcanzó, con lo cual el segundo también podría ser insuficiente.

Cuando la economía municipal entra en zozobra, la retórica del ajuste es un clásico, y en el inventario de gastos superfluos el primer renglón suele estar reservado a la estructura política. No es extraño entonces que Cascón deba sacrificar algunos funcionarios para recomponer imagen y seguir remando. Pero desde una lectura menos obvia, lo que inquieta en su gabinete no es el quantum del gasto sino los enormes bolsones de ineficiencia. Sería doloroso deshacerse de funcionarios que fueran verdaderas usinas de ideas, piezas irremplazables; si solucionaran problemas con la solidez y la velocidad que los vecinos ingenuos esperan de sus empleados. La sensación es que si se van, habrá poco que lamentar.

La escuálida respuesta a la demanda habitacional; la postración de la obra pública; el abandono municipal ante el caos del tránsito; la dificultad para definir resultados en áreas como Desarrollo Económico, Turismo o Cultura; un transporte urbano que sube en tarifas pero baja en calidad y las demoras para imponer un sistema tributario claro y justo, son todos alimento constante del malhumor social, que termina por caracterizar al gasto político como el más inútil de todos.

Desde una lógica de costo/beneficio, el intendente debería entender que algún disgusto con sus socios en la Concertación será menos perjudicial que una caída irremontable de su credibilidad ante el ciudadano barilochense.

TONCEK ARKO
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