SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En una decisión reparatoria rápida y oportuna, la jueza de Familia, Marcela Pájaro, ordenó a la delegación de Promoción Familiar que brinde alojamiento y subsidios a una familia que fue desalojada de su vivienda y quedó literalmente en la calle, durmiendo en un auto.

En respuesta al pedido de amparo presentado por el padre, la magistrada ordenó a esa dependencia provincial que les brinde una alternativa de alojamiento para "el grupo familiar completo" en el lapso de "dos horas de notificados", y que esa contención resulte "un espacio adecuado por un término no inferior a 90 días".

También exigió que se los encuadre dentro de un programa de contención adecuado a su problemática, en atención al delicado estado de salud del hijo menor, y se les otorgue subsidios para paliar la situación de desempleo que atraviesan los padres.

"El Estado provincial no puede permanecer pasivo e indiferente ante situaciones como las que se plantean, ya que es de su órbita y responsabilidad garantizar y hacer efectivos los derechos que se declaman", advirtió la jueza.

Los integrantes de la familia quedaron en la calle el 4 de mayo pasado, sin alternativas de alojamiento tras el fallido intento de retener la casa familiar, sobre la que pesaba una orden de remate. El desalojo fue contemporáneo al descenso de la temperatura y el aumento de las inclemencias climáticas propias del otoño que agravaron la precariedad habitacional del grupo, poniendo en riesgo la delicada salud del hijo menor.

Antes de resolver la medida cautelar la jueza constató la veracidad del desalojo y la autenticidad de los certificados de Salud del menor, confirmada por la pediatra del Hospital Zonal que lo atiende quien, además, informó que el niño sufre episodios convulsivos esporádicos.

El pequeño nació con convulsiones febriles y debe recibir cuidados especiales, como evitar el frío.

Por lo mismo la magistrada consideró que existe un "evidente peligro en la demora" en función del cual estableció los plazos perentorios impuestos a Promoción Familiar que esta semana deberá informar las actuaciones y recursos desplegados para dar cumplimiento a la orden judicial.

Pájaro basó su decisión en la "preservación y búsqueda ineludible del interés superior del niño", lo que "no sólo garantiza la defensa del menor frente a las acciones que pudieran perjudicarlo, sino que también presupone la toma de decisiones concretas a su favor". También esgrimió los imperativos constitucionales de protección de la familia y el derecho a "una vivienda digna".

"Sobre este basamento de normas debe construirse una urdimbre sólida, que opere como marco de protección para los más débiles y desfavorecidos, que concrete en acciones positivas los impecables textos de las declaraciones y tratados que tantas veces se citan pero tantas otras se omiten", reflexionó.