MADRID (DPA).- Desde que en 1998 el juez Baltasar Garzón saltó a los titulares de todo el mundo al procesar por terrorismo, genocidio y torturas a Augusto Pinochet y lograr su detención en Londres, la Audiencia Nacional española ha estado en el ojo de la tormenta en más de una decena de ocasiones por la persecución de crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España.
El debate se ha reabierto estos días y una pregunta lo centra: ¿puede un país erigirse en el gendarme judicial del mundo?
Con doce procedimientos abiertos en el tribunal bajo el principio de jurisdicción universal, la polémica está servida. Ocho países están actualmente afectados por esos procedimientos: China, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, Israel, Ruanda, Marruecos y El Salvador. Y no a todos los gobiernos les sienta bien la actuación de un tribunal extranjero, menos aún cuando en algunos casos afecta a ministros y altos cargos aún en activo.
"Procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral de algunos elementos que han dado la espalda durante años a los ataques continuados contra el Estado de Israel", aseguró un enfadado Ehud Olmert, entonces primer ministro israelí, cuando el juez Fernando Abreu abrió en enero un procedimiento por crímenes contra la humanidad contra siete dirigentes políticos y militares israelíes por la muerte de 14 civiles, nueve de ellos niños, tras el bombardeo en 2002 de la vivienda de un jefe de Hamas en Gaza.
Esta semana, Andreu reafirmó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos pese a que la fiscalía había solicitado el archivo de la causa.
También esta semana el juez Santiago Pedraz solicitó a China interrogar a tres de sus ministros, junto a otros responsables políticos y militares, por los sucesos que tuvieron lugar en Tíbet en marzo del año pasado, en los que murieron más de 200 personas, más de mil resultaron heridas y cerca de 6.000 desaparecieron. Al gobierno del país asiático ya le sentó mal el inicio de la investigación tres días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando la mirada del mundo estaba puesta en China. Ahora, su Embajada en Madrid ha pedido al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tome "medidas inmediatas y efectivas" para que la querella "sea retirada cuanto antes" para "evitar posibles estorbos y daños en las relaciones bilaterales entre China y España".
