Según la opinión mayoritaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, ningún abogado celoso de su reputación debe defender a un inocente acusado de violación. Es posible que las personas sospechadas de ese delito resulten también culpables, pero eso sólo puede saberse después de que se haga un juicio con todas las garantías legales que incluye el derecho a una defensa amplia y, desde luego, competente.

Las asociaciones feministas que han propiciado la medida de vetar la designación de un profesor consulto consideran, sin duda, a la violación como un delito especialmente descalificante e indigno de ser defendido, pero otras personas pueden considerar que el asesinato, el secuestro extorsivo, el terrorismo u otras formas de la acción delictiva, son tanto o más censurables que la violación, con lo cual tendrían también derecho a sancionar y excluir de la universidad a aquellos abogados que defiendan a personas imputadas de esos delitos.

La confusión respecto del derecho de toda persona acusada a defenderse con los mejores medios disponibles es propia de una mentalidad medieval cuyos exponentes últimos han sido los movimientos totalitarios del siglo XX. El fascismo y el comunismo convirtieron a los defensores de las personas perseguidas por razones ideológicas en sospechosos dignos de ser sancionados o eliminados junto con sus defendidos. El pensamiento adolece de una falla de lógica fundamental. Si hay que aplicar a otras actividades profesionales el mismo criterio, se podría identificar a los médicos por la categoría de los enfermos que atienden, pero a nadie se le ocurriría sancionar a un médico porque asiste a un delincuente.
El hecho en sí sería incluso remarcable en una sociedad premoderna en donde no estuviesen difundidos los principios básicos de las libertades individuales, pero es alarmante que provenga de una universidad que, se supone, es la expresión más importante de la actividad intelectual de un país.