VIEDMA (AV)- El demorado proceso de juicio político contra el juez Pedro Funes, generado a raíz de presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa penal por los alimentos preelaborados que el Estado compraba a Flavors, mereció ayer una ampliación de la denuncia por parte del la defensora del Pueblo Ana Piccinini. Los nuevos datos tienen relación con una notificación que habría hecho Funes al ministro Alfredo Pega, poniéndolo al tanto de lo que se le acusa, sin tomarle declaración indagatoria.

La titular del organismo de control pidió además celeridad al instructor sumariante, Edgardo Albrieu, quien días atrás informó a "Río Negro" que se encuentra a la espera de que Funes se reincorpore a sus funciones, ya que se encuentra de licencia por motivos de salud. Una vez que el magistrado esté al frente del Juzgado, Albrieu considera que podrá notificarlo de las acciones y pedirle que presente un informe de descargo, tal como marca la ley de Juicio Político.

Piccinini presentó ayer una ampliación de su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, con el objeto de aportar nuevos datos a la investigación. La defensora dijo haber tomado conocimiento de nuevos hechos, los cuales considera "configuran nuevas violaciones del rito y abundan respecto del mal desempeño denunciado". En cuanto al hecho novedoso señala Piccinini que en la resolución de la Sala B de la Cámara en lo Criminal -que integran Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera- "se certifica que ha comparecido el señor Alfredo Pega a quien se lo notifica de la imputación del requerimiento de instrucción efectuado por el Ministerio Público Fiscal".

La defensora considera que "tenemos entonces un nuevo hecho violatorio del secreto de sumario", razón por la cual se originó el pedido de juicio político. Para Piccinini esa medida de Funes provocó un daño más e irreparable a la instrucción. También afirma que a pesar de la sustanciación de esta investigación preliminar -que está a cargo de Edgardo Albrieu- Funes "reincide en su violación".

Recordó que la causa en cuestión se origina en referencia a la actuación de la Funes en la investigación respecto de los alimentos preleborados que Flavors entregaba al Estado rionegrino para sus planes nutricionales en el marco de multimillonarios contratos. Plantea la defensora en su nuevo escrito que está probado que se desconoce el origen de los alimentos entregados, que era mala la calidad de los mismos, lo que obligó a que la empresa fuera dada de baja del registro de Proveedores y que hubo varias irregularidades en el cumplimiento de lo acordado.