En el plano político, la guerra contra el campo ha sido un desastre para los Kirchner, puesto que a raíz de ella vieron esfumarse buena parte de su popularidad, pero en términos económicos tienen derecho a cantar victoria: los productores rurales están de rodillas. Merced a la serie de medidas punitorias que tomó un gobierno vengativo y a las esporádicas vedas a la exportación, el campo ha dejado de estar en condiciones de hacer frente a los desafíos planteados por un clima caprichoso -la sequía prolongada de hace algunos meses tuvo consecuencias devastadoras- y por un panorama internacional incierto. Por lo tanto, se prevé que la siembra de trigo de la campaña 2009/2010 caiga el 18,6% con respecto a la anterior, lo que conforme a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires significaría que la superficie sembrada sería "la más baja desde que se tienen registros históricos". En efecto, mientras que en 1902/1903 se cultivaron 3,6 millones de hectáreas, este año el área sembrada podría reducirse a 3,5 millones o menos, lo que a juicio de algunos podría obligarnos a importar trigo desde Canadá, Estados Unidos o Ucrania.

En opinión de muchos productores, en la actualidad sencillamente no vale la pena arriesgarse a sembrar como antes. No es que los precios internacionales sean tan malos, ya que siguen siendo superiores a los imperantes hace apenas un lustro, sino que temen ser víctimas de una combinación nefasta de intervenciones oficiales en el mercado que les impida exportar, retenciones leoninas, una burocracia politizada sumamente torpe y, claro está, las medidas que podría tomar el gobierno si después de las elecciones de fines de junio el país se hunde en una crisis económica equiparable a la del 2002. Acostumbrado como está a tratar al campo como una fuente de ingresos inagotable sin preocuparse en absoluto por la necesidad de incentivar la producción, el gobierno sería plenamente capaz de agravar todavía más la situación límite en la que se encuentra: en base de los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, este año los productores pampeanos se descapitalizarán en aproximadamente dos mil millones de dólares.

Aunque las perspectivas desalentadoras que enfrentan los productores de trigo y otros cereales hayan hecho todavía más tentador el cultivo de soja, siguen revisándose a la baja los pronósticos sobre la próxima cosecha del "yuyo" cuya mera existencia causa indignación en el círculo áulico kirchnerista. Se estima que llegará a 34 millones de toneladas, o sea, una caída de 14,5 millones de toneladas desde la campaña anterior en que la cosecha alcanzó 48,5 millones. Tampoco parece muy promisorio el panorama frente a las carnes: han ocasionado tantos perjuicios los esfuerzos del gobierno por regular la industria, limitando las exportaciones con el propósito declarado de proteger a los consumidores locales, que hace tiempo la ganadería nacional dejó de constituir una fuente segura de divisas para el país. Para sorpresa de nadie, en el primer bimestre del año corriente las exportaciones cayeron el 20% respecto del mismo período del año pasado. Asimismo, como han señalado repetidamente los voceros del sector, las vedas a la exportación no sirven para reducir los precios internos: los ganaderos reaccionan liquidando las vacas por no ser rentable el negocio, de este modo reduciendo la oferta.

El gobierno kirchnerista se dio cuenta tardíamente de la importancia fundamental de las exportaciones, de ahí el intento de la presidenta de transformar a los diplomáticos en vendedores de nuestros productos en el exterior, pero no les será nada fácil convencer a los funcionarios y empresarios de otros países de que en adelante podrán confiar en la Argentina. De resultas del hábito de los Kirchner de prohibir la exportación de productos determinados por motivos de política interna, nuestros clientes en potencia entienden que no les convendría depender de quienes en cualquier momento podrían negarse a seguir vendiéndoles carne, cereales o productos oleaginosos, de suerte que preferirán continuar comprándolos a países competidores como Brasil, Uruguay, Rusia, Ucrania, Australia y Canadá que, en este ámbito por lo menos, suelen honrar sus compromisos.