Se ha generado cierto consenso para indagar en los créditos que el Estado otorgó para promover inversiones en viñedos y bodegas, un proyecto que en su origen fue polémico por las facilidades extraordinarias concedidas a los beneficiarios.En el gobierno no existe un mensaje claro ni unívoco respecto de lo que se debe investigar y hasta dónde llegar. En definitiva, indagar en estos créditos es escarbar en el pasado sobischista, un programa saludable que no todos comparten dentro del gobierno.Cuando se difundió la noticia de la incorporación del grupo Eurnekian a la Bodega del Fin del Mundo, el gobernador Jorge Sapag emitió una opinión desabrida, limitada a un saludo protocolar dirigido a los nuevos inversores. Esta semana, la vicegobernadora Ana Pechen envió una señal diferente. Dijo que los créditos del Iadep, el organismo que canalizó los préstamos, no se rigen por el secreto bancario. “La transparencia de la información pública fue un compromiso de gobierno cuando asumimos”, recordó Pechen en un mensaje orientado hacia el interior del oficialismo. Expresó, además, que los funcionarios deben informar si al organismo se le piden datos sobre el candente asunto.El incómodo tema de los créditos no se detuvo. En la sesión del miércoles, los diputados debatieron sobre los préstamos y acordaron tratar en comisión el contenido que tendrá el pedido de informe que se presentará ante las autoridades del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).En el debate legislativo se divulgaron algunas cifras desactualizadas, pero las únicas conocidas: hasta diciembre del 2007 se entregaron créditos por 880 millones de pesos, pero 600 millones todavía no se pagaron porque a esa fecha estaban en período de gracia. Y de los 280 millones restantes en condiciones de cobrar, sólo se pagaron 80 millones de pesos. Hay un detalle adicional que alimenta el debate: del total de fondos canalizados en créditos a través del Iadep, casi la mitad fue entregada a unos pocos bodegueros que accedieron a esta operatoria cuando el ex gobernador Jorge Sobisch decía que era mejor si el dinero de los préstamos caía en manos de empresarios amigos.Existe una celosa custodia de la documentación de los créditos, más allá de la declaración de la vicegobernadora que rescató el carácter público de la información que está en poder de los organismos del Estado. Con resultado ineficaz, este diario intentó conseguir, en las últimas semanas, la información actualizada de estos préstamos. Hubo pedidos a autoridades del Iadep, a Antonio Artaza, el funcionario responsable de la información pública de la provincia, y al ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, un hombre que desde la intendencia de San Patricio del Chañar abrazó, sin objeciones, el cuestionado plan de inversión sobischista.Otra investigación, en este caso corresponde al presente, involucra al Ministerio de Desarrollo Social. Este diario difundió en la semana detalles de un expediente que se abrió en el Tribunal de Cuentas y que intenta determinar si hubo irregularidades en el manejo de planes sociales en la gestión del ex ministro Wálter Jonsson. El expediente, que se abrió a partir de publicaciones efectuadas por “Río Negro”, contiene un informe del contador general de la provincia, Jorge Bonaiuto, que revela que en ese ministerio “no se respetaron normas de registración de gastos”. Bonaiuto detectó que hay movimientos no identificados, tanto bancarios como los correspondientes a la caja chica, entre otros ítems que observó y que suman unos 30.Las dudas que existen en torno del manejo de la cartera de Desarrollo Social también se trasladaron a la Legislatura. Hubo debate el mismo miércoles y, tal como ocurrió con el Iadep, se pasó a comisión la discusión final del pedido de informes que irá a la cartera que ahora dirige el ministro César Pérez.Sin embargo, la votación derivó en una fisura en el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Tres diputados que responden al gremio de los trabajadores petroleros votaron con la oposición para resolver el pedido en la misma sesión. Luego anunciaron, a través de uno de sus voceros, el diputado Carlos Pacheco, que dejarán de pertenecer al bloque. “Hemos sido orgánicos, pero basta”, dijo el legislador que responde a Guillermo Pereyra, titular de la organización sindical del sector privado con mayor poder en esta provincia.Cuesta creer que los representantes del sindicato estén genuinamente interesados en investigar si en Desarrollo Social hubo  descontrol. Es probable que algún otro motivo, por ahora desconocido, haya originado la inesperada decisión de apartarse del bloque. En el oficialismo interpretan que Pereyra comienza a hacer su juego, porque al tomar distancia de la estructura oficial del bloque suma poder de negociación. El sindicalista, que ahora está más preocupado por los posibles despidos en su gremio que por el desarrollo de la política de esta provincia, es un hombre que suele saltar la reja con facilidad: estuvo con Felipe Sapag, después lo abandonó y se puso a trabajar rápidamente para Jorge Sobisch. Cuando lo consideró oportuno, dejó de lado la causa sobischista y selló una alianza con Jorge Sapag, quien lo recibió con los brazos abiertos porque Pereyra, además de votos, tenía dinero para la campaña.Los diputados petroleros dicen que siguen respaldando al gobernador, pero aclaran que no serán verticalistas. El presidente del bloque, José Russo, ahora deberá sentarse a negociar con ellos, como lo hace con los legisladores aliados que vienen del menemismo.Lo que acaba de ocurrir en el oficialista es un nuevo elemento que se agrega al internismo del que habla Sapag desde hace unos días, un clima que también atraviesa al Poder Ejecutivo. El gobierno juega hoy una carta importante con la definición de las elecciones internas del MPN. Sapag y Sobisch se reunieron para acordar la unidad, pero hoy compiten tres precandidatos a diputado nacional, por lo que aquel acuerdo no fue más que una quimera.El resultado puede no perjudicar tanto al gobierno como una escasa participación de afiliados, que es lo que pronostican para hoy algunos dirigentes del MPN.En ámbitos oficiales dicen que el sobischismo intentará hacer una demostración de fuerza boicoteando la elección. En el gobierno hay preocupación por este tema. Una elección con una participación por debajo del 20% del padrón, mostraría un partido desmovilizado. Y la falta de interés de los afiliados será interpretada como una señal de debilidad, mientras que el ganador quedará sobre una plataforma baja como para pretender un buen resultado en las elecciones generales del 28 de junio.