VIEDMA (AV)- El proceso de investigación preliminar que involucra al juez Pedro Funes por presuntas irregularidades en la causa penal de los alimentos preelaborados de Flavors está virtualmente paralizado a raíz de la licencia por enfermedad que mantiene al magistrado alejado de sus funciones. Edgardo Albrieu, que es el auditor sumariante designado hace 50 días por el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Lutz, informó a este medio que como primera medida luego de su nombramiento realizó copia certificada de todo el expediente. Además envió la correspondiente notificación al investigado, quien tiene un plazo de cinco días para presentar su informe de descargo.

Sin embargo, la licencia del juez evitó que los plazos comiencen a correr y hasta ahora ese trámite no ha podido concretarse.

Lo que no se detiene, en cambio, son los efectos secundarios de la compleja causa de los alimentos, iniciada a partir de una denuncia de la defensora del Pueblo Ana Piccinini, a fines de julio del año pasado, que ahora divide aguas en la Justicia.

"Río Negro" tuvo acceso a una sentencia de la Sala B de la Cámara del Crimen, integrada por Jorge Bustamante, Pablo Estrabou y Francisco Cerdera. La decisión judicial deja en evidencia una fuerte controversia casi inédita entre la agente fiscal Daniela Zágari y su superior de Cámara, Adriana Zaratiegui.

La primera, en línea con su sostenido análisis crítico de la conducta de Funes en relación al proceso de investigación en el tema Flavors, presentó un nuevo recurso rechazando una notificación del magistrado al ministro Alfredo Pega. Zágari había pedido la imputación y el llamado a indagatoria del titular de Familia, junto al empresario Jacques Matas -dueño de Flavors- entre otros posibles sospechosos. Según se desprende de las actuaciones Funes convocó a Pega y a su abogado, los notificó de los hechos que se le imputan y no se descarta que le haya mostrado el expediente, sin tomarle declaración.

Zaratiegui, por su parte, negó que la acción de Funes hubiera provocado perjuicios en la investigación, por lo que la Cámara rechazó el recurso, ya que toma en cuenta la opinión final de la fiscal de Cámara por sobre la de la agente fiscal que presentó el agravio.

Zágari cuestionaba además que el juez hubiera pedido nuevos informes al Inal Anmat cuando esos estudios ya habían sido realizados oportunamente.

En su informe Zaratiegui sostiene que el informe presentado por Zágari se debe rechazar. Reconoce que la citación de Pega es un acto inusual y menos habitual aún es que solamente se haya citado a él y no al resto. Pero no admite agravios al Ministerio Público. En cuanto a los análisis pedidos al Inal dice que así como el juez puede denegar medidas solicitadas por las partes, también puede insistir en su realización.

La infrecuente disparidad de criterio entre las fiscales se trasluce en la sentencia de la Cámara cuando afirma que "atendemos al dictamen de la fiscal de Cámara, más que en atención a la importancia de sus opiniones, a la circunstancia de que los conceptos allí vertidos provienen de quien en suma se trata de un superior jerárquico" de Zágari. Y recuerdan los camaristas que "la ley 4199 en su art. 2 establece que el Ministerio Público se rige por los principios de unidad de actuación, indivisibilidad, legalidad y descentralización".

Una anterior notificación a Pega y a los demás imputados por parte de Funes, -a fines de 2008- en la que habría dado detalles del expediente, fue una de las causas que originó la iniciación del proceso en el Consejo de la Magistratura. Entonces, Zágari y Zaratiegui opinaron en sintonía.