RIO DE JANEIRO.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva urgió ayer a miembros de su gobierno a completar la formulación de un nuevo marco regulatorio para la industria petrolera, en momentos que Brasil comienza a explotar sus masivas reservas de hidrocarburos de mar profundo.

"Estamos en la fase final, y los ministros no tienen mucho tiempo más para presentarme un nuevo marco regulatorio para la industria del petróleo en nuestro país, eso es urgente´´, dijo Lula en una ceremonia para conmemorar la primera extracción de crudo del campo Tupi, una de las reservas en aguas profundas.

Adelantó que las nuevas reglas servirán para definir "qué queremos de ese petróleo, cómo será la participación de nuestros socios, cuál la porción que estará a disposición del pueblo brasileño´´. En la ceremonia participaron representantes del gobierno y de la estatal Petrobras, junto a trabajadores, deportistas y representantes de la cultura, en una muestra de la intención de Lula de proyectar las reservas petroleras como un símbolo del futuro del país.

Lula calificó la descubierta de las grandes reservas de la camada conocida como "pre-sal´´, a más de 7.000 metros de profundidad, como "la segunda independencia de Brasil´´.

El campo Tupi, situado a 290 kilómetros del litoral de Rio de Janeiro, tiene reservas calculadas en entre 5.000 y 8.000 millones de barriles de petróleo, y forman parte de la camada pre-sal, que según proyecciones de expertos, cuenta con al menos 50.000 millones de barriles.

El hallazgo de petróleo en aguas profundas llevó al gobierno a plantear la necesidad de una legislación que regule la forma en que serán utilizados los recursos petroleros. Uno de los modelos discutidos es la sustitución del actual modelo de concesiones por un acuerdo de producción compartida y la creación de una nueva empresa estatal para administrar los contratos, pero Lula no quiso adelantar cuál sería el modelo a utilizar.

La ministra Dilma Rousseff, secretaria general del gobierno, adelantó que la propuesta de legislación petrolera sería sometida a consideración del Congreso y la sociedad civil a más tardar a finales de junio. (AP)