VIEDMA (AV)- Nueve meses después de radicada la denuncia penal que investiga las relaciones entre Flavors y el gobierno provincial, que derivó en que esa firma fuera dada de baja del registro de Proveedores, el Tribunal de Cuentas de la Provincia inició una auditoría en el Ministerio de la Familia para analizar los expedientes por medio de los cuales se licitó la provisión de alimentos preelaborados. Esa actividad la llevó adelante la mencionada empresa y previamente se concretó a través de Masily, integrante del mismo grupo de capitales.
La acción reciente del organismo de Control comenzó luego de que el juez penal Pedro Funes emitiera un oficio en el que solicitó que se realice esa auditoría referida a los expedientes 94.802 - SPN- 05 y 94.803 - SPN - 05, del Ministerio de la Familia. Mediante esos trámites se licitó la provisión de alimentos y se concretó la inscripción de Flavors y Masily como proveedores del Estado.
La tarea recién comenzó en estos días y a instancias del juez penal, aunque la propia ley que regula su funcionamiento faculta a ese cuerpo a constituirse en los organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, para efectuar inspecciones, auditorías, comprobaciones y verificaciones. Los responsables de los lugares que sean objeto de inspección, tendrán obligación de entregar la documentación que les sea requerida y dar las explicaciones que se les soliciten en forma inmediata.
Algunas de sus funciones, explicitadas en la ley K 2.747, son controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria y beneficiarios de aportes provinciales, fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos y promover las investigaciones que resulten necesarias, a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con traslado de todos los datos y elementos con que se cuente.
Además de la inacción que el Tribunal mantuvo hasta la solicitud del juez Funes, llama la atención que el magistrado disponga en esta instancia el inicio de esta auditoría, cuando desde principios de la sustanciación de la causa, la fiscal actuante en el caso, Daniela Zágari, había solicitado la participación de peritos contables que pudieran echar luz sobre lo actuado en el Ministerio de la Familia.
El 20 de abril pasado el cuerpo en pleno decidió realizar la auditoría y designar responsable de organizar las tareas y supervisarlas a la auditora general María del Pilar Battcock y a la directora general de auditorías Ana María Ciancio. También se facultó a los auditores a requerir a los responsables de las distintas áreas la documentación, información o explicaciones que resulten necesarias.
