VIEDMA (AV).- Los propietarios de motocicletas, secuestradas en operativos de vigilancia de seguridad vial, se ven obligados a realizar ingentes esfuerzos económicos para tratar de recuperar los rodados que en su mayoría son empleados como elemento laboral.

La única manera de conseguir la restitución es abonar el monto que alcanza la friolera de 130 pesos. Sólo 90 van a atender los gastos de acarreo y estadía, por parte del municipio, hacia dependencias policiales, mientras que el resto ingresa en concepto de multa.

En algunos casos, se facilitó la entrega promoviendo que los infractores cancelen ese monto en tres cuotas, luego de confirmarse la situación social económica de quien solicita la restitución y verificar que se trata de personas que los utilizan como herramientas de trabajo. En ese marco se atendió especialmente la situación de algunos vendedores de diarios, conocidos como "canillitas". El conflicto que se sucedió en las calles cuando los inspectores se alzaron con casi medio centenar de motos, se trasladó luego a las oficinas del Juzgado de Faltas donde se percibieron colas en la galería de esas dependencias. Justificó los requerimientos administrativos sobre la verificación de la propiedad, tomando en cuenta que, según el funcionario, "existe mucho robo de motos en la ciudad, y si por ejemplo vas al barrio Lavalle, se reproducen las motos y las frazadas robadas".

Por los registros del Juzgado, apenas un 2 por ciento, de las motos secuestradas no se retiran, pero si bien se estableció por ordenanza el requisito de los pagos, se torna poco esclarecedor el destino de los fondos; dado que según el jefe del distrito caminero, Carlos Graso, la Policía de Río Negro "no recibe nada" por mantener las motos en depósito.

El ranking de infracciones lo encabezó la falta de patentamiento en un 70 por ciento, según el registro de la Dirección de Seguridad e Higiene. Le siguen los motociclistas que circulaban sin el casco y en tercer lugar, la falta de documentación.