El compromiso ciudadano con las políticas públicas está expuesto a inevitables flujos y reflujos, que dependen de factores como el humor social, el nivel de organización popular, la situación económica y la sinceridad de las convocatorias surgidas desde el gobierno. Pero esa dinámica registra también ciertos avances estructurales de los que supuestamente no hay vuelta atrás. Esa condición pareció reunir desde un primer momento el instrumento de la audiencia pública, ejercitado en el municipio de Bariloche de manera esporádica en la última década y con mucha mayor frecuencia en los últimos dos años, desde la sanción de la nueva Carta Orgánica, que la impuso como obligatoria para un amplio número de cuestiones.

En los últimos días hubo dos audiencias públicas -la de tarifas del transporte urbano y la del proyecto inmobiliario "Andorra"- que registraron muy baja participación.

La creencia popular instalada es que el trámite de la audiencia es una pura cáscara y que nada de lo allí expresado podrá torcer una decisión ya tomada de antemano por el poder administrador.

Hubo en la historia reciente del municipio valiosos ejemplos en contrario, como las audiencias por el fraccionamiento de Las Victorias y por la reglamentación horaria de los casinos.

En la primera de ellas, la contundencia y masividad del rechazo al proyecto obligó al ex intendente Alberto Icare a desechar su implementación. De hecho había intentado eludir la consulta abierta a los vecinos y un dictamen del Consejo de Planificación lo obligó a convocarla, lo cual contribuyó seguramente a potenciar el enojo.

En el caso de los casinos, fue notable la cantidad y variedad de los expositores y sin dudas el apoyo generalizado al proyecto inclinó a los concejales a aprobar la ordenanza, sobre la cual tenían en principio serias dudas. También la audiencia del presupuesto 2008 registró duros reproches al aumento en la tasa de Servicios y forzó algunos cambios al texto original.

Esas experiencias parecen ahora archivadas en el tiempo.

Muchas controversias originadas en las medidas de gobierno se dirimen en los llamados a la radio y los foros digitales. Pero los últimos cónclaves públicos para discutir proyectos de probado contenido polémico no concitaron ningún entusiasmo.

Un nutrido bloque de ong´s difundió el último miércoles un documento en el que cuestionan la calidad de los espacios de participación. Advierten que muchas de las audiencias públicas son convocadas porque hay normativas que así lo imponen, pero contrastan con "un desconocimiento y/o una débil convicción política" sobre el valor de esos espacios.

Le pidieron a "la actual conducción que se pronuncie de manera clara respecto de su interés en la participación ciudadana y de los proyectos que surgen de la intervención de organizaciones sociales". En la última audiencia del transporte urbano, los empresarios que pretendían una rápida aprobación del aumento del boleto estuvieron ausentes. Los únicos expositores fueron representantes estudiantiles y algunos vecinos. Varios de ellos, además de desgranar sus argumentos, confesaron su desencanto porque suponían que el incremento "ya está cocinado".

Algo parecido ocurrió con el "Andorra", sometido a audiencia el último miércoles. Sólo participaron oradores vinculados con la empresa que presentó el proyecto. Los opositores prefirieron abstenerse y mandaron cartas a la prensa para fijar su posición. La peligrosa inercia en la que entraron las audiencias públicas ataca su esencia y amerita acciones urgentes para validarlas.

Una de las críticas esgrimidas en la audiencia del transporte fue la escasa difusión previa, las dificultades para inscribirse y el horario de inicio, fijado a las 15 de un día laborable, que desalienta a trabajadores y estudiantes. Un ejemplo para tener en cuenta es el de las audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para tratar la tarifa eléctrica. Allí lo que se analiza es lo que pretende la empresa. El poder concedente escucha a las partes y después decide. Hay verdadera incertidumbre.

En las revisiones tarifarias del transporte existe una propuesta empresaria, pero no llega nunca a audiencia porque lo que allí se pone a consideración es la tarifa definida por el intendente, el mismo que deberá resolver si atiende o no las críticas de los vecinos. En contra de algunos reclamos planteados en extremo, la audiencia pública nunca podrá ser vinculante, ya que se trata de un instrumento limitado que no garantiza suficiente representatividad objetiva. Para eso está el referéndum popular. Aun así la Carta Orgánica obliga al poder administrador a tomar en cuenta todas las opiniones y, en caso de rechazarlas, hacerlo con razón fundada "bajo pena de nulidad".

Hasta aquí, si los informes finales cumplieron con ese punto fue una pura formalidad y no tuvieron ninguna difusión pública.

No les falta olfato a quienes suponen que la corporación política siente un inconsciente alivio con las audiencias vacías y previsibles. Es evidente que, salvo alguna excepción, tienen un rechazo atávico a cualquier ensayo de democracia semidirecta y a las instancias de participación inmanejables.

Pero harían bien en aceptar que la legitimidad de sus gobiernos depende en última instancia de abrir los despachos, democratizar las decisiones, alimentar las iniciativas de participación e involucrar a las grandes mayorías que permanecen ajenas.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar