Este caso de marginación constituye un absurdo dentro de una universidad que, paradojalmente, forma abogados y promueve la defensa de los derechos humanos.

Ha sido grave la decisión de invalidar a un docente por su desempeño en el ámbito privado, con una profesión que consiste en garantizar a un sospechado el debido ejercicio del derecho a la defensa durante un proceso. Por supuesto, también las personas imputadas por la comisión de delitos contra la integridad sexual -no "violadores" como ligeramente dijeron algunos consejeros- tienen idéntico derecho.

Lo que ocurrió no es un antecedente menor. La UNC está obligada a reflexionar a fondo por esta medida, si quiere alejarse de actitudes nutridas de intolerancia y prejuicio.