Hace poco menos de seis años, en setiembre del 2003, Jorge Sobisch, candidato a renovar el mandato de gobernador que ejercía desde diciembre de 1999, definió su pensamiento crediticio -relativo a los fondos del banco provincial y del barril sin fondo del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo- en los siguientes términos: "Si alguien dice que obtuvo un préstamo porque es amigo mío, me importa un bledo; el gobernador va a darles créditos a quienes puedan pagarlos, y si son amigos mejor". Lo dijo ante un grupo de empresarios, algunos amigos, que lo escucharon en ACIPAN.

Una primera irregularidad emanada de esa abrupta confesión consistía en que quien daba los créditos del Iadep era él y no el directorio del organismo autárquico, como debía ser. Pero a ningún fiscal o juez del fuero penal se le ocurrió investigar si existía en el caso algún delito, como podía ser el de abuso de autoridad, también llamado incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Si no irregularidad, era algo llamativo para el mandatario que era mejor que los créditos fueran para sus amigos. Se puede entender que para él sea muy alto el valor de la amistad, pero parece claro que un gobernador debe dejar la amistad a un lado cuando se trata de defender los intereses del Estado. Y lo de dar los créditos a quien pueda pagarlos no pasó de ser una buena intención, porque hace un tiempo fue preciso refinanciar a todos los otorgados a los flamantes empresarios vitivinícolas de El Chañar y Añelo, por 300 millones de pesos.

Después, en abril del 2006, a pocos días de que, en Plaza Huincul, un grupo de tareas del Movimiento Popular Neuquino disfrazado de obreros de la construcción atacara a un piquete de docentes frente a la destilería de YPF sin que a la policía se le moviera un pelo, Sobisch se hizo cargo de la orden de que la fuerza pública no interviniera. Sin que tampoco se le moviera un pelo a él, dijo: "El jefe político de la policía soy yo, y la responsabilidad de no actuar de la fuerza tiene nombre, apellido y responsable: Jorge Sobisch". Con la misma contundencia agregó que "si alguien cree que una orden no se condice con la responsabilidad política que tengo, que vaya a la Justicia y me someteré todas las veces que sean necesarias". La parrafada, publicada en este diario, finalizaba con la información de que "ésas fueron las palabras que no se investigaron". Tampoco entonces jueces y fiscales consideraron que el gobernador debía ser citado a declarar, aunque el juez Daniel Varesio tuvo la sensibilidad suficiente como para echar a vuelo un arrebato poético, cuando dijo que la denuncia de tres policías decentes sobre la orden de no intervenir contenía "una caterva de hechos que constituyen un variado cóctel de conductas delictivas que no deben quedar inmersas en el anaquel de los olvidos".

Y por fin, el caso Temux. El fiscal Pablo Vignaroli -hoy ante la posibilidad de que se lo someta a un jurado de enjuiciamiento- señaló dos delitos en su requerimiento de instrucción. Uno, la participación en títulos de deuda del fideicomiso CEPA-Temux SA por un monto de cinco millones de pesos, "otorgando de esa manera a la empresa Temux un crédito encubierto y sin garantía suficiente". Otro, la autorización a favor de la empresa Santa Elena Bursátil, controlada por Temux, de una operación de crédito de letras LEBACS por la suma de 6.800.000 pesos... "que tuvo por finalidad otorgar en forma encubierta un crédito a la empresa Temux a fin de cubrir el exceso en descubierto que registraba en su cuenta corriente...".

Esas dos operaciones fueron parte del plan para reducir la deuda de Temux, elaborado por Juan Pablo Bugner, que el directorio del BPN presentó a Sobisch en una reunión realizada a fines de diciembre del 2004. En la indagatoria que se le recibió el 13 de febrero último, Bugner dijo que la decisión "era del directorio" y que al gobernador "le pareció bien". Pero uno podría preguntarse -ya lo hicimos- qué destino habrían tenido esas operaciones si al gobernador le hubieran "parecido mal".

Lo cierto es que el juez Marcelo Muñoz, a pedido de Vignaroli, citó a una carrada de testigos, funcionarios y empleados del banco y ejecutivos del grupo Temux, pero a ninguno de ambos se le ocurrió citar a Sobisch para que diera los motivos de su acuerdo con el plan que, según el fiscal, fue una maniobra delictiva.

No es aventurado suponer que, mientras Sobisch fue gobernador, convocarlo ante un tribunal de Justicia podía significar el fin de una carrera judicial venturosa. Siendo juez de instrucción Daniel Geloni lo hizo para tomarle una indagatoria, y en 15 años sólo ascendió un escalón, a defensor de cámara.

Sin embargo, a más de un año de gobierno de Sapag no hay magistrado ni funcionario que se atreva a tocar a Sobisch, siquiera para una testimonial. Lo que, a mi modesto entender, significa que las aprensiones sobreviven. Un motivo, y respetable, puede ser el de que la gente del fuero penal sospeche -con más razón después de los recientes acuerdos entre los dos Jorges para eliminar la interna- que aquella alianza de 1991 entre Sobisch de un lado y don Elías Sapag y su progenie masculina del otro, sobrevive. De ser así, una de las virtudes de la magistratura que es la prudencia debe ser elevada al rango de virtud máxima.

Es más. Cuando la alianza llevaba ya trece años, en el 2004, Sobisch decidió irse "para arriba o para afuera" al optar por ser candidato a la presidencia de la Nación. Así, le dejó el lugar de gobernador a Sapag, lo que da para suponer que confiaba en que este aliado de tantos años no se volvería contra él. Había motivos, porque en esos años Sapag había sido representante de su gobierno en Buenos Aires, luego -ya mudado a la tierra nueva- subsecretario de Gobierno, ministro de Gobierno y vicegobernador. Ha habido, sí, algunas peleítas, pero ninguna que haya pasado a mayores. O sea que no se volvió contra él. O sea que sí, la alianza sobrevive.

JORGE GADANO

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