En estos días, la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a debatir un código especial para el juzgamiento de niños y adolescentes de entre 14 y 18 años que cometen delitos. Actualmente los jóvenes de 14 a 16 años están sometidos a un régimen tutelar que los considera inimputables -es decir que no les aplica penas- pero tampoco les otorga derechos, los jueces están habilitados para encerrar a los menores sin garantía procesal alguna. La baja de edad de imputabilidad ha sido un reclamo clásico de los sectores de derecha partidarios de la mano dura, tolerancia cero y/o pena de muerte, según sea el caso. Con esta medida se pretende que a un adolescente se le aplique la misma pena que se le da a un adulto por igual delito cometido. Esto además de ser violatorio de las leyes internacionales a las que la Argentina ha adherido desde la reforma constitucional de 1994, expresa una concepción sociopenal de la infancia que termina por justificar toda clase de crímenes contra niños y jóvenes pobres o en situación de vulnerabilidad social.

En las distintas iniciativas presentadas sobre un régimen penal juvenil o de responsabilidad penal para adolescentes se establece una escala penal especial para chicos en conflicto con la ley. El principio que sustenta esta diferencia es que un adolescente cuya personalidad está en etapa de formación no puede recibir la misma pena que un adulto, que es plenamente responsable de sus actos. Por lo cual la conducta del menor no queda impune y a la vez se apuesta a un cambio en su conducta en el corto plazo. En estas propuestas se plantean garantías sustantivas y procesales y cuáles son las penas, entre las que se cuenta un sistema de "probation". Se establece que los procesos no pueden durar más de un año y que la privación de libertad es una "excepción". Las sanciones en ningún caso pueden exceder más de tres años. Por ejemplo, para delitos con penas de 15 años o más, se aplicaría una gama de medidas sustitutivas de la prisión después de que el adolescente cumplió la mitad de la pena con internación en un instituto. Es decir que si para un delito corresponden 16 años, el chico deberá estar internado 8 años y luego deberá cumplir las medidas que disponga el juez.

El criterio que se utiliza es que para adolescentes de 14 y 15 años, la internación es una pena sustituta de otras, más leves, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años, las otras penas serán sustitutivas de la internación. ¿Cuáles son esas medidas sustitutivas? "La escala diseñada por Zaffaroni contempla figuras como la reparación del daño, servicio a la comunidad, internación domiciliaria, limitación o prohibición de residencia o tránsito, prohibición de asistir a determinados lugares o cumplimiento de instrucciones judiciales, como ir a la escuela, hacer un tratamiento médico o psicológico, o realizar un trabajo".

No cabe duda de que resulta un avance sustancial que en la Argentina se debata esta cuestión. En palabras de Zaffaroni, "el derecho penal lleva 800 años inventando enemigos y no solucionó ningún problema". Y algo de razón deberíamos darle. A la ley contra "vagos y malentretenidos" del siglo XIX, le siguió la ley de residencia contra inmigrantes anarquistas y socialistas. Después vinieron por los obreros sindicalizados, por las mujeres trabajadoras, por los "jóvenes subversivos" de los setenta y ahora por los "pibes chorros". Para una concepción de estas características, siempre será necesario identificar en algún "genotipo" el peligro inminente de disolución del orden establecido.

Estamos de acuerdo en que un joven que vacía un cargador contra una persona es peligroso para todos, pero también sabemos que no hemos hecho lo suficiente para prevenirlo, que no contamos con instituciones que garanticen su rehabilitación y que el tenerlas implica invertir dinero en políticas adecuadas. Esperemos que una vez abierto el debate, quienes vienen exigiendo seguridad no comiencen a quejarse de que el Estado "desperdicia" una parte de su presupuesto en implementar programas de inclusión social, en el mejoramiento de cárceles, en expandir las instituciones educativas y recreativas para jóvenes y en capacitar profesionalmente a los agentes involucrados en el tratamiento del problema. Muchos compartimos que la solución al problema de la inseguridad, especialmente la provocada por los más jóvenes, es el reparto equitativo de la riqueza, la escuela de calidad y las políticas de inclusión. Que esta solución es a largo plazo y que mientras tanto necesitamos soluciones coyunturales, también lo suscribimos y por eso tal vez nos ayude discutir esta nueva ley para desmantelar un imaginario social y clasista que ha sobrevalorado el Estado penal por sobre el Estado de bienestar.

MARÍA BEATRIZ GENTILE (*)

Especial para "Río Negro"

(*) UNC-GEHISo - Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.