NEUQUÉN (AN).- Los cambios que el gobierno tiene listos para el marco normativo que regula la relación con los municipios desde los primeros meses del 2008, fueron presentados oficialmente ayer por el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya. No será un trabajo a corto plazo, ya que si bien el funcionario hizo hincapié en la necesidad de frenar la asistencia del Estado como empleador por sobre los privados; desde la oposición y desde el mismo MPN hubo planteos para que la ley de municipios se discuta en paralelo a la de coparticipación y a un plan integral de desarrollo del interior.
Así las cosas, incluso se habló de modificar la fecha de puesta en vigencia de la norma. En el texto original, una cláusula transitoria planteaba como punto de partida a enero de este año, pero ya pasó un año desde que se elaboró el proyecto -más allá de que fue presentado en diciembre pasado- y todo hace prever que no tendrá un rápido tratamiento.
Justamente, el gobierno provincial retrasó la presentación de los dos proyectos de ley que reemplazarían a la actual ley 53 de municipios porque el año pasado la oposición hizo el mismo planteo que ayer presentó el diputado radical Juan Oltolina: la condición de acordar previamente un incremento a la coparticipación municipal.
Rolando Figueroa (MPN) dijo en ese sentido que en ese debate se deberá incluir la figura del esfuerzo recaudatorio; pero fue el presidente del bloque oficialista, José Russo, quien no se mostró del todo conforme con el proyecto que presentó el Ejecutivo y pidió rodearlo de otras discusiones.
"Si el 100% del presupuesto se va en sueldos, no es un problema de las comunidades, sino de los dirigentes", sostuvo Russo, quien pidió "reorientar la discusión" en función de un plan de desarrollo territorial desde la provincia a los municipios, y no sólo en el punto de la eficiencia de las cuentas.
"Se trata de comenzar a construir ciudadanía", dijo Bertoya respecto de los límites que la ley impone a la incorporación de personal a la planta permanente de los municipios y a los porcentajes de los presupuestos que se destinan al pago de sueldos.
"Coincidimos en gran parte pero hay cuestiones que avanzan sobre la autonomía municipal", dijo Oltolina, que reconoció que en algunos casos, existen abusos en el manejo de los fondos de las comunas (el debate se centró en las de segunda y tercera categoría y en las comisiones de fomento). Plantó la duda respecto de cómo se cumplirán las cláusulas que establecen multas a los municipios que destinen más del 30% de los fondos disponibles a sueldos.
