NEUQUÉN (AN)- La Cámara Penal de Apelaciones tomó ayer tres fuertes definiciones en la causa de la zona liberada: aceptó como querellantes a los policías que desobedecieron la orden; apartó al juez que venía manejando el expediente, y remitió copia de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que evalúe si corresponde iniciar sumarios por presuntas irregularidades en la investigación.

En esta causa, que comenzó por hechos ocurridos el 30 de marzo de 2006 en Plaza Huincul, hay una imputación contra el ex gobernador Jorge Sobisch, quien en un acto público admitió que había dado a la Policía la orden de no intervenir.

Esa orden permitió que supuestos obreros de la UOCRA entre los que había punteros del MPN desalojaran a golpes a un piquete docente frente a la destilería de la ciudad petrolera.

Tres policías desobedecieron: Luis Morales, Leonel Seguel y Mario Zambrano, e hicieron esfuerzos para que los enfrentamientos entre manifestantes no terminaran en una tragedia.

De inmediato, los dos primeros fueron pasados a retiro y el tercero sufrió inconvenientes en su carrera.

Patrocinados por el abogado Ricardo Mendaña, los tres oficial insistieron para ser tenidos como querellantes pero el juez que tenía la causa, Marcelo Benavides, no les hizo lugar. Entonces apelaron y así el expediente llegó a la Cámara Provincial que les hizo lugar a todas sus pretensiones.

Pero además, dos de los camaristas criticaron la actuación de la fiscalía. "Fue marcadamente anómala", dijo por ejemplo el juez Richard Trincheri. Se refirió a que tenía elementos para investigar a Sobisch pero "eludió avanzar inexplicablemente sobre esta evidencia, omitiendo para siempre el tema".

A los pocos días del hecho, Sobisch dijo en un acto público: "El jefe político de la policía soy yo, y la responsabilidad de no actuar de la fuerza tiene nombre, apellido y responsable: Jorge Sobisch. Si alguien cree que una orden no se condice con la responsabilidad política que tengo, que vaya a la justicia y me someteré todas las veces que sean necesarias". Esas fueron las palabras que no se investigaron.

El juez Daniel Varessio, en tanto, afirmó que la denuncia de los tres policías "contiene una caterva de hechos que constituyen un variado cóctel de conductas delictivas que no deben quedar inmersas en el anaquel de los olvidos".

Trincheri, con la adhesión de Varessio, dispuso que además "corresponde remitir copia pertinente al Tribunal Superior de Justicia a los fines que estime corresponder, en relación a las flagrantes y marcadas irregularidades observadas en la investigación".

El tercer juez de la Cámara, Héctor Rimaro, sólo adhirió al apartamiento de Benavides.