VIEDMA (AV).- La Legislatura sesionará el jueves y debatirá la reducción de 237 millones del presupuesto rionegrino. La discusión se centrará en el impacto en la ejecución de las obras públicas y en el funcionamiento del Poder Judicial.
La oposición legislativa y parte del oficialismo ya advirtieron su rechazo frente a la disminución en las obras públicas. Desde hoy, las comisiones evaluarán esta iniciativa, con la posibilidad de reformas o, directamente, la postergación de su tratamiento.
Por su parte, el gremio judicial convocó a paro y movilización en ocasión de la sesión para cuestionar las facultades que se concedan al Ejecutivo que afectarían al funcionamiento de la Justicia, obstaculizando un incremento salarial del 10 por ciento ya anunciado para ese Poder.
La iniciativa elevada por el gobernador Miguel Saiz efectúa una readecuación de los gastos frente a la caída de los ingresos incluso con la partida adicional de 110 millones del Fondo Federal Solidario, que se origina con las retenciones a la exportación de la soja.
El nuevo presupuesto establece un monto total para el Estado provincial de 3.767 millones frente a casi los 4.004 millones del proyecto aprobado en diciembre, lo cual arroja una reducción de 237 millones.
La partida de "trabajos públicos" fue readecuada en 325,5 millones frente a los 404 millones actuales, originando una disminución de 78,5 millones y del 19,5 por ciento.
En sus fundamentos, la iniciativa del Ejecutivo explica que se debe "adecuar los gastos con los ingresos posibles" y se propone reformar "una reasignación" para "atender los reclamos de salarios, aunque más no sea mínimamente". La mejora en los haberes se origina de "modificar los recursos específicos de diferentes jurisdicciones, lo que originará una readecuación importante de los planes de obras y el desarrollo de las diferentes acciones que lleva a cabo la administración provincial".
En esa línea, el proyecta aclara que lo único que queda exceptuado son aquellas partidas consideradas "indispensables para asegurar el normal funcionamiento del Estado": el pago centralizado de los servicios tarifados, las transferencias a escuelas privadas, los importes asignados a los comedores escolares, las becas y pensiones, las cancelaciones de juicios con sentencia firme y diferentes aportes como al Ipross, a transferencias a empresas y VIARSE (mantenimiento de rutas).
En el articulado, el séptimo precisa que "los recursos del Fonavi deberán asignarse el 50 por ciento a Rentas Generales" y adecuar "su plan de obras a esta restricción".
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia trasladó preocupación por el impacto que la baja del presupuesto tendrá en su Poder.
En igual línea, el gremio judicial convocó a un paro y movilización para la jornada legislativa.
