BUENOS AIRES (Télam).- El abogado querellante Juan Pablo Gallego, apoderado de uno de los denunciantes, solicitó ayer una condena a 37 años para el sacerdote Julio César Grassi, acusado de 17 hechos de abuso sexual, corrupción y amenazas contra tres menores que asistían a la Fundación que el imputado preside.
Gallego, quien representa al denunciante conocido como "Ezequiel" y al Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), solicitó prisión efectiva una vez que el Tribunal dicte sentencia.
El abogado explicó que para pedir la condena se basó en "probar científicamente que Grassi es un pederasta serial, un pedófilo de alto peligro", y añadió: "hablamos con los superiores de Grassi y evaluamos con ellos el daño ocasionado".
"Que no se mezcle ni se ataque a la Iglesia por este juicio" aseveró el letrado y añadió: "lo que se juzga son delitos individuales de un hombre que son gravísimos".
"Tampoco nada tiene que ver el celibato porque los peritos demostraron que el acusado tiene una personalidad que preexiste a esta profesión que eligió y pensamos que la eligió para ocultar que es un pedófilo y un pederasta", subrayó.
Gallego precisó que pidió una pena que está muy cerca del límite que fija el Código Penal porque "no hay atenuantes y hay muchos agravantes, hoy demostramos que Grassi nunca cumplió con sus votos de obediencia y castidad".
"En cuanto a sus votos de pobreza -continuó el abogado- sabemos que vive en una mansión de 7.200 metros cuadrados y que él mismo ayudó a destrozar a la Fundación que creó, para garantizar su impunidad a cualquier precio y sostener una metodología mafiosa".
El letrado dijo, además que "después de siete años en los que hemos sido atacados en forma permanente y en la que su entorno se dedicó a destrozar a las víctimas y golpearlas, pudimos demostrar con pruebas que estamos ante la presencia de un monstruo".
Con el alegato de Gallego, terminó el turno de la fiscalía y de los tres abogados querellantes de cada uno de los denunciantes, por lo que las audiencias se retomarán el 29 de este mes, fecha que la defensa pidió para iniciar su alegato.
La defensa del acusado alegará, además del 29 de abril, los días 5, 6, 7 y 8 de mayo y luego los tres querellantes y la fiscalía podrán solicitar al Tribunal réplicas a los dichos de los defensores del cura.
